El Interterritorial, lento e impreciso en la firma de acuerdos

Redacción. Madrid
El Consejo Económico y Social presenta hoy de manera oficial el informe ‘Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social en el Sistema Sanitario’ de 2010, en el que se critica el papel coordinador del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, una tarea que “le corresponde en exclusiva y que debería fortalecerse, dotándose de herramientas eficaces para tal contenido”. En este sentido, apuesta también por “una revisión en profundidad del Consejo Interterritorial”. Según este documento, “la dificultad de alcanzar acuerdos sobre la base de la unanimidad deriva en la lentitud del Consejo y, en ocasiones, en la escasa concreción de las medidas que se acuerdan en el mismo”.

La ministra Leire Pajín junto a los consejeros autonómicos en la reunión del Interterritorial celebrada en Santiago de Compostela.

Tras denunciar la “existencia de desigualdades” en salud y en el acceso a los servicios sanitarios, el Consejo Económico y Social apunta que una de las “principales debilidades” del sistema sanitario es la política de recursos humanos. En concreto, el informe se sorprende de la inexistencia de “una herramienta estadística única y homogénea que facilite una visión completa del volumen y las características del personal sanitario y no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias públicas”.

Además, lamenta que la evolución del modelo retributivo y la carrera profesional del personal al servicio de las instituciones sanitarias del SNS haya estado marcado “por la tardanza y la dificultad del consenso en la aprobación de las correspondientes normas y criterios homogéneos aplicables a todo el sistema, lo que ha propiciado que la normativa autonómica se haya adelantado en la regulación de estos aspectos.

Entre los aspectos que considera deben mejorar, apuesta por acabar con el “estancamiento” del desarrollo de los equipos de Atención Primaria en relación a la mejora de los servicios médicos (flexibilidad y autonomía local de gestión), la falta desarrollo de la enfermería comunitaria; el impulso a la gestión clínica en Primaria; la eliminación de tareas burocráticas; o el interés de la receta electrónica multiprescripción. Y, respecto a la atención especializada, determina “diferencias apreciables” en los catálogos de prestaciones de las autonomías. Así, asegura que las comunidades de Cataluña, Navarra, País Vasco, Andalucía, y Valencia han incorporado más prestaciones extraordinarias al catálogo básico que el resto.

También critica, en el ámbito de la I+D, la escasez de investigadores básicos en los hospitales; el bajo número de profesionales asistenciales que simultanean actividades de investigación; la reducida velocidad de transferencia del conocimiento generado por la investigación a la práctica clínica; y la limitada captación de fondos europeos.