El
Ministerio de Sanidad espera que antes de 2025 entre en vigor la
Ley Sara, que toma el nombre de la mujer que murió tras someterse a un procedimiento de
cirugía estética hace dos años en Murcia. En el centro del debate se encuentra el
intrusismo laboral en Medicina, que es la causa que guía las actuaciones del Gobierno.
Javier Padilla, secretario de Estado del ramo, ha hecho hincapié en cuatro de ellas: el registro de profesionales y centros, la fijación de competencias por intervención, la delimitación de público objetivo y la publicidad.
“Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad”, ha confesado el número 2 del Ministerio de Sanidad, que la semana pasada se reunió con familiares de Sara Gómez, la mujer de 39 años que
murió en enero de 2022 tras una lipoescultura (una técnica quirúrgica utilizada para extraer grasa y tejidos adiposos del cuerpo). Después de la autopsia, forenses del Instituto de Medicina Legal de Murcia dictaminaron que el cirujano, Javier Massó,
no estaba “adecuadamente formado” para acometer esta operación.
La muerte de Sara Gómez desencadenó la
movilización de su familia por una regulación más estricta que pusiera coto al intrusismo laboral. En este escenario, en septiembre de 2022 el
Congreso de los Diputados ya dio luz verde a la proposición no de ley (PNL) sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias, la llamada 'Ley Sara', que insta al Gobierno a "promover las acciones necesarias que garanticen la seguridad del paciente en esta área, asegurando que todas las actividades sanitarias sean realizadas por profesionales médicos".
Registro de Profesionales Sanitarios
A través de sus redes sociales, Javier Padilla ha hecho hincapié en cuatro de las actuaciones que deben reforzarse para acabar con el intrusismo en el sector. Una de ellas es la
culminación del registro de profesionales sanitarios, que según informó este departamento ministerial está
completo al 70 por ciento.
El Gobierno plantea también la necesidad de regular la delimitación de
público objetivo, de forma que se establezcan las características de las personas que necesitan de un tratamiento o servicio concreto; así como la
fijación de competencias por intervención de cada profesional. En la actualidad, el procedimiento ordinario para adquirir y mantener la debida competencia es el seguimiento de los oportunos programas de formación inicial y continuada de cada especialidad.
Ley de Publicidad Sanitaria
Finalmente, Sanidad señala a la futura
Ley de Publicidad Sanitaria, cuya tramitación entró el pasado febrero en su recta final tras recibir las aportaciones de organizaciones y particulares interesados. El fin último es garantizar que los mensajes de productos de salud dirigidos al público sean “
más transparentes y honestos”, reza la norma, que recoge como una de sus principales novedades el cerco a influencers y bloguers. A su vez, se perseguirá a quien se refiera “de forma exagerada o engañosa” a un medicamento o técnica concretos.
“Sin pausa y a por ello”, sentencia Javier Padilla, que deja abierta la puerta al impulso de otras actuaciones paralelas para frenar este problema.
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