El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, un trámite parlamentario necesario para completa su implantación tras ser aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio y aparecer publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Todos los grupos parlamentarios menos el PP han confirmado su apoyo o abstención a la ratificación del Real Decreto-ley durante su turno de palabra en el debate plenario. Así, finalmente ha sido convalidado con 173 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. Asimismo, se ha sometido a votación la tramitación de esta norma como proyecto de ley, una consulta que se ha saldado con 336 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención.

Instantes posteriores al momento de la votación del RD 7/2018.

"Hemos tramitado esta norma por el mecanismo del Real Decreto, como hizo el PP con el RD 16/2012, porque consideramos que es urgente terminar con la injusticia de que haya personas en nuestro país que no puedan acceder a la sanidad. Fue una reforma impuesta, al contrario de ésta, que ha sido negociada y consensuada con las partes implicadas", ha señalado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, durante el discurso de defensa del Real Decreto en el Pleno del Congreso. 

Montón ha cargado contra el Real 16/2012 y ha subrayado que no respondía a criterios económicos, como se defendió en su momento por parte del Partido Popular, sino que "sólo respondía a su ideología". Y ha destacado las negativas consecuencias que ha tenido aquella norma para la salud de las personas excluidas de la asistencia sanitaria por ella, puesto que ha "agravado su situación de extrema vulnerabilidad".

Cabe recordar que, pese a que la norma entró en vigor el pasado 31 de julio tras su publicación en el BOE, los reales decretos tienen rango de ley extraordinaria y su función es aplicar una serie de medidas con carácter urgente sin necesidad de debates en el Congreso que dilaten la aprobación de éstas.

Sin embargo, es el Pleno del Congreso de los Diputados sobre el que reside el poder legislativo, por lo que este tipo de normas impulsadas por parte del Ejecutivo con carácter urgente y extraordinario deben ser ratificadas o derogadas, pese a estar vigentes en el momento en el que se lleve a cabo el debate, en un plazo inferior a 30 días hábiles tras su publicación en el BOE por el hemiciclo de la Cámara Baja.

Una ley "de todos"

Tras su aprobación, el Gobierno puede decidir tramitar el Real Decreto convalidado por el hemiciclo como proyecto de ley, un supuesto que el Ejecutivo llevará a cabo. De esta forma, a partir de la convalidación de la norma, a la que en esta ocasión no se podían presentar enmiendas, comenzarán los trámites necesarios para elevarla a la categoría de ley, momento a partir del cual los distintos grupos políticos podrán presentar propuestas de modificación

Portavoces de sanidad: Francisco Igea, de Ciudadanos; Amparo Botejara, de Podemos; Teresa Angulo, del Partido Popular; y Jesús María Fernández, del Partido Socialista.

"La decisión de tramitar el Real Decreto como proyecto de ley responde a nuestra voluntad de mejorar la norma con las aportaciones de todos los grupos parlamentario. La fórmula de usar el Real Decreto-ley respondía a la urgencia de darle una solucion a una materia tan importante como es la salud de las personas. Participación y diálogo es lo que buscábamos, porque debe ser una ley de todos", ha explicado Montón en los pasillos del Congreso tas su intervención en el Pleno.

Vuelta a la universalidad

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, entró en vigor el pasado 31 de julio y puso fin a seis años en los que se ligaba la atención sanitaria a la condición de asegurado. La nueva norma vincula la asistencia a la condición de ciudadano y amplía la cobertura de colectivos excluidos por la anterior, el RD 16/2012, como los inmigrantes en situación administrativa irregular, que con anterioridad sólo podían ser atendidos de Urgencias, a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.

En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.

Ana Oramas (Coalición Canaria), Joan Olóriz (ERC) y Pedro Quevedo (Nueva Canaria).

Con la entrada en vigor de este Real Decreto, la asistencia sanitaria se financia siempre que no exista la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia; y no existir un tercero obligado al pago.

Fin de la exclusión

La nueva norma argumenta que "la exclusión del colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de protección a la salud y a la atención sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los antecedentes normativos existentes en nuestro país ni con los diversos compromisos internacionales adquiridos".

Por otra parte, se establece la aportación farmacéutica para las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, por el necesario acceso a la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones.

Asimismo, tiene una disposición adicional que hace referencia a la incorporación de los nuevos asegurados en las listas de espera de trasplantes. Así, se señala que, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán los requisitos y período mínimo para que puedan acceder a esta prestación sanitaria.

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, Joan Tardà, diputado de ERC y Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, durante el Pleno.

Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, dialoga con integrantes de su grupo parlamentario.

Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y Pablo Casado, presidente del PP.

Batet y Montó dialogan con Carles Campuzano (PDeCAT) y Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

Aspecto del hemicilo durante la intervención de Carmen Montón.