El
botón del pánico diseñado para que los sanitarios puedan comunicar al instante una amenaza de
agresión solo ha llegado a
1.434 profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A pesar de que esta función está disponible desde hace más de tres años, el volumen de descargas de la aplicación móvil
AlertCops que incorpora la herramienta apenas se ha contabilizado en un
0,16 por ciento de la plantilla del área de salud. Un bagaje que ya ha llevado al Ministerio de Sanidad y al de Interior a estudiar su incorporación en la
red de ordenadores de la administración.
La app está operativa desde el mes de abril de 2020 cuando se puso en marcha con el objetivo de dar más herramientas a los profesionales en
episodios de violencia en la sanidad. Una vez que el sanitario activa el protocolo de alerta, las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden
localizar el teléfono móvil y acceder a una
grabación de audio de 10 segundos para valorar la amenaza. Si lo encuentran necesario, despliegan un equipo policial hasta la consulta.
Manuel Yanguas, interlocutor policial sanitario de la Policía Nacional; Rocío Novoa López, jefa del Servicio de Planes y Operaciones de la Dirección General de Coordinación y Estudios; y Ángel Barca Rodríguez, interlocutor policial nacional sanitario de la Guardia Civil.
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Sin embargo, la herramienta no ha calado entre la plantilla del SNS. La jefa de Planes y Operaciones de la Dirección General de Coordinación de Interior,
Rocío Novoa, ha presentado las cifras sobre AlertCops en una jornada sobre agresiones a sanitarios que se ha realizado en la sede de Sanidad. En el último año, apenas han descargado la aplicación
511 nuevos usuarios. Mientras que el botón se ha activado en
51 ocasiones, de las cuales 21 fueron descartadas por errores de uso.
Su reducido alcance ha provocado que las organizaciones sindicales ya hayan trasladado al Gobierno la propuesta de que se instale en todos los
ordenadores de los centros sanitarios, lo que evitaría que los profesionales tengan que hacer uso de su móvil personal. Algo que Novoa ya ha anunciado que remitirá a la
Subdirección General de Sistemas que desarrolla la aplicación para que analice si es “viable” llevarlo a cabo.
“Recojo el guante”, ha enfatizado.
Protocolos policiales frente a agresiones médicas
Más allá de la aplicación móvil de socorro, la jornada también ha permitido ahondar en el resto de políticas de coordinación que se han desplegado en los últimos años para
combatir la violencia en la sanidad. Una de ellas ha sido la creación de
la figura del interlocutor, que sirve como enlace entre los centros sanitarios y los agentes de la
Policía Nacional y
Guardia Civil. Su papel se circunscribe fundamentalmente al asesoramiento ya formación.
Desde el año 2017, este nuevo departamento policial ha facilitado ya la
formación de 17.000 sanitarios para que cuenten con nuevas técnicas y herramientas para la prevención de las agresiones. Una cifra muy por encima del volumen de descargas de la aplicación móvil. Un plan que también han ampliado a los a
lumnos de Medicina, Enfermería o Farmacia en su último curso de la carrera para que se incorporen a la profesión con más competencias.
Manuel Yanguas interviene en la jornada sobre agresiones del Ministerio de Sanidad.
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Los interlocutores están inmersos además en una
revisión de los protocolos para canalizar mejor las denuncias de los profesionales de salud, ya que hay un importante volumen que no se llegan a materializar. Una de las propuestas pasa por emular el modelo de los
delitos de hurto en las tiendas de ropa. Este sistema permite al vigilante de seguridad recabar los datos del detenido y volcar la información para acelerar todo el proceso.
“Cuando nuestro vehículo llega, lo que hace el policía es validar esa información, volcarla en nuestra base de datos y esa denuncia ya está presentada. Se solicita fecha, día y hora de celebración del juicio rápido.
Se le pone en libertad, pero ese día ya sale citado para que comparezca ante la autoridad judicial”, ha explicado
Manuel Yanguas, interlocutor de la Policial Nacional en el ámbito sanitario.
Sin embargo, esta estrategia choca con la presencia de seguridad privada que, si bien está presente en los hospitales, es muy excepcional en centros de salud o ambulatorios. Un factor que se siente con más fuerza en el caso de la sanidad pública.
“En grandes centros sanitarios privados están mejor protegidos”, ha apostillado Yanguas.
Jose Ramón Huerta, Presidente ICOM Soria y Secretario de CCOMCYL; José Santos, presidente de CEOM; Manuel Yanguas, José María Rodríguez, secretario general del Cgcom, Ángel Barca y Rocío Novoa López.
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Agresiones a sanitarios en visitas domiciliarias
Otra de las líneas de actuación pasa por mejorar los protocolos antiagresiones fuera de los entornos de los centros de salud para cubrir también los
desplazamientos domiciliarios, las visitas a residencias o las amenazas en la vía pública. “Además del intercambio de información, desde el punto de vista preventivo se llevan a cabo numerosos servicios de vigilancia y prevención, así como entrevistas y contactos periódicos con los centros sanitarios”, ha explicado
Ángel Barca, interlocutor de la Guardia Civil.
En el último año, las fuerzas de seguridad tramitaron
625 denuncias de profesionales sanitarios por agresiones. Aunque la cifra se ha incrementado un 33 por ciento, el volumen sigue muy alejado del impacto real de este fenómeno si tenemos en cuenta que los colegios profesionales de médicos han notificado
834 casos y los de enfermeros
1.629.
Ante esta realidad, la secretaria de Estado de Sanidad,
Silvia Calzón, ha incidido en que el Gobierno tendrá “tolerancia cero” con la violencia y ha hecho un llamamiento a las
comunidades autónomas para que mejoren la tramitación de los datos.
“Nos tienen que servir de acicate, no solo para seguir trabajando sino para poner más empeño”, ha concluido.
Ceclia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; y Silvia Calzón, secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad.
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José Ramón Huerta, José Santos y José María Rodríguez.
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Ángel Barca charla con José Ramón Huerta.
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Manuel Yanguas, José María Rodríguez Vicente, Celia Gómez y Silvia Calzón.
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Tomás Castillo, vicepresidente primero de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, charla con Silvia Calzón.
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Celia Gómez conversa con Manual Yanguas.
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Aspecto de la sala durante la Jornada 'La prevención de agresiones a profesionales sanitarios'.
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