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La ley gestión pública e integridad de la sanidad española, al completo
Sanidad saca a audiencia pública el anteproyecto de una ley que ha sido recibida con críticas por el sector privado
Fachada del Ministerio de Sanidad.
11 feb 2026. 10.50H
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POR REDACCIÓN MÉDICA
En el último Consejo de Ministros, el Gobierno dio un golpe sobre la mesa. Fue entonces cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, presentó la primera gran propuesta sanitaria de 2026. Bajo el nombre de ley de ‘Gestión Pública e Integridad’ del Sistema Nacional de Salud (SNS), este anteproyecto busca “garantizar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud”.
Ahora, menos de 24 horas después del anuncio, Sanidad ya ha sacado a audiencia pública la citada normativa, que puede consultar en este enlace. Las aportaciones podrán enviarse hasta el próximo 4 de marzo. En Redacción Médica le contamos el contenido completo de la propuesta.
El anteproyecto de ley de ‘Gestión Pública e Integridad’ del Sistema Nacional de Salud fija como vía preferente la gestión directa de los servicios sanitarios. Con esta norma, el Ministerio de Sanidad pretende ordenar y unificar en un único marco jurídico los distintos modelos de gestión indirecta, que deberán estar debidamente motivados y someterse a un procedimiento de evaluación previa. El texto defiende la necesidad de “establecer un marco normativo claro, coherente y firme que garantice la prioridad de la gestión pública del Sistema Nacional de Salud”, en línea con los principios de universalidad, equidad, calidad y transparencia que rigen el sistema.
Sanidad precisa que la gestión directa podrá ser asumida tanto por la propia administración sanitaria competente como a través de consorcios constituidos entre varias entidades públicas. Por el contrario, limita la gestión privada a tres supuestos: cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
En estos casos, el departamento que dirige Mónica García plantea la implantación de un procedimiento de evaluación previa obligatorio. Este exigirá la presentación de una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria correspondiente, así como el análisis de un comité integrado por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y miembros de la sociedad civil. Además, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera de la medida.
El anteproyecto también establece que el Consejo Interterritorial del SNS acordará las directrices necesarias para garantizar que la elaboración de los informes se realice con criterios homogéneos en todo el territorio. Estos documentos deberán incluir, al menos, una valoración sobre la utilización óptima de los recursos sanitarios propios; la posible insuficiencia de medios para prestar el servicio en condiciones adecuadas; la existencia de un plan de dimensionamiento de recursos orientado a adaptarse a las variaciones previsibles de la demanda; la justificación de la necesidad de recurrir a fórmulas distintas a la gestión directa; y el carácter excepcional de los expedientes de gestión indirecta amparados en la Ley de Contratos del Sector Público.
El plazo para el envío de aportaciones permanecerá abierto hasta el próximo 4 de marzo de 2026. Las propuestas deberán remitirse al correo electrónico aplgestpublicasns@sanidad.gob.es, indicando en el asunto la referencia “DG/14/26 APORTACIONES” seguida del nombre de la entidad o persona remitente. El Ministerio solo tendrá en cuenta aquellas contribuciones en las que el emisor esté debidamente identificado y que se reciban dentro del plazo establecido.
Ahora, menos de 24 horas después del anuncio, Sanidad ya ha sacado a audiencia pública la citada normativa, que puede consultar en este enlace. Las aportaciones podrán enviarse hasta el próximo 4 de marzo. En Redacción Médica le contamos el contenido completo de la propuesta.
Cuál es el objetivo de la nueva ley de Gestión Pública
El anteproyecto de ley de ‘Gestión Pública e Integridad’ del Sistema Nacional de Salud fija como vía preferente la gestión directa de los servicios sanitarios. Con esta norma, el Ministerio de Sanidad pretende ordenar y unificar en un único marco jurídico los distintos modelos de gestión indirecta, que deberán estar debidamente motivados y someterse a un procedimiento de evaluación previa. El texto defiende la necesidad de “establecer un marco normativo claro, coherente y firme que garantice la prioridad de la gestión pública del Sistema Nacional de Salud”, en línea con los principios de universalidad, equidad, calidad y transparencia que rigen el sistema.
Sanidad precisa que la gestión directa podrá ser asumida tanto por la propia administración sanitaria competente como a través de consorcios constituidos entre varias entidades públicas. Por el contrario, limita la gestión privada a tres supuestos: cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
En estos casos, el departamento que dirige Mónica García plantea la implantación de un procedimiento de evaluación previa obligatorio. Este exigirá la presentación de una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria correspondiente, así como el análisis de un comité integrado por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y miembros de la sociedad civil. Además, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera de la medida.
El anteproyecto también establece que el Consejo Interterritorial del SNS acordará las directrices necesarias para garantizar que la elaboración de los informes se realice con criterios homogéneos en todo el territorio. Estos documentos deberán incluir, al menos, una valoración sobre la utilización óptima de los recursos sanitarios propios; la posible insuficiencia de medios para prestar el servicio en condiciones adecuadas; la existencia de un plan de dimensionamiento de recursos orientado a adaptarse a las variaciones previsibles de la demanda; la justificación de la necesidad de recurrir a fórmulas distintas a la gestión directa; y el carácter excepcional de los expedientes de gestión indirecta amparados en la Ley de Contratos del Sector Público.
Envío de aportaciones
El plazo para el envío de aportaciones permanecerá abierto hasta el próximo 4 de marzo de 2026. Las propuestas deberán remitirse al correo electrónico aplgestpublicasns@sanidad.gob.es, indicando en el asunto la referencia “DG/14/26 APORTACIONES” seguida del nombre de la entidad o persona remitente. El Ministerio solo tendrá en cuenta aquellas contribuciones en las que el emisor esté debidamente identificado y que se reciban dentro del plazo establecido.
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