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ASPE acusa al Gobierno de lanzar una "ley anti-sanidad privada" para el SNS
La privada lamenta que la Ley de Gestión Pública "invade competencias autonómicas"
Herminia Rodríguez, presidenta de ASPE
10 feb 2026. 17.40H
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POR JULIA ROIZ
Los proyectos del Ministerio de Sanidad no cuentan con el visto bueno de la sanidad privada. El aterrizaje del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el departamento de Mónica García, ya es una realidad. La norma ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, por lo que la posibilidad de limitar la gestión privada en el SNS ya pasará a ser un debate en el ámbito político. Entre tanto, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ya ha marcado posiciones. No solo ha calificado esta norma de "ley anti-sanidad privada", sino que el organismo también ha ahondado en que la norma supone un "ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas".
La patronal de la sanidad privada se muestra totalmente contraria a las intenciones del Ministerio de Sanidad. El departamento de Mónica García busca limitar la gestión privada del SNS, y para ello ha recurrido a esta norma que lleva en el tintero de Moncloa desde 2024. Fue entonces cuando esta ley, la de Gestión Pública, se convirtió en una de las legislaciones en las que se troceó la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión.
Esa es la base de la norma de Sanidad que ya ve la luz, y que busca, como ha recalcado la propia ministra en su comparecencia este mismo martes, poner "coto" a las concesiones de la sanidad privada. Esas palabras han causado su propia repercusión en el sector privado, y ASPE ha salido en defensa del modelo. "Nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance", apuntala sobre este Anteproyecto de ley.
El organismo presidido por Herminia Rodríguez muestra así su rechazo profundo hacia la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad. "Esta ley parte de un planteamiento ideológico sin un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud", apuntala. La Alianza de la Sanidad Privada Española no se queda ahí, y se vuelva contra el texto que, dice, "reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial".
Precisamente aquí vuelve a hacer origen al nacimiento de esta norma. "Nace con escasas —cuando no nulas— posibilidades de prosperar, al contradecir el marco jurídico vigente de competencias autonómicas en un modelo de descentralización sanitaria aprobado desde 2003", reza la patronal de la sanidad privada en un comunicado.
Este documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, incide en que el Ministerio de Sanidad "criminaliza al sector sanitario en su conjunto e identifica de forma simplista la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor". Con esas palabras, el organismo de Herminia Rodríguez apunta hacia la propuesta del departamento sanitario para restringir esta colaboración público-privada.
"El sector sanitario se opone de forma unánime a los intentos del Gobierno de derogar no solo la Ley 15/1997, sino también de facto la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, una norma clave que adapta el sistema sanitario a un escenario de descentralización autonómica y refuerza principios esenciales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social", prosigue el texto de ASPE.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) centra parte de su reacción en una de las vertientes de este Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). "Especial preocupación suscita la prohibición definitiva de los modelos de concesión administrativa, un instrumento ampliamente utilizado en las democracias más avanzadas para canalizar recursos privados hacia la creación de infraestructuras sanitarias bajo
titularidad y control públicos", subraya la patronal de la sanidad privada.
Estas fórmulas, como señala el organismo, han permitido lo que denomina "diversos modelos innovadores de financiación, construcción y explotación de hospitales y centros sanitarios", en otros países de la talla de Reino Unido, Alemania o Australia. Todos ellos "alineados en general con el acervo en colaboración público-privada en la gestión sanitaria".
La patronal de la sanidad privada desglosa todos los obstáculos que, a su parecer, trae consigo esta norma. Por lo tanto, ASPE aborda que el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) tendrá un "impacto directo y negativo sobre los pacientes". La propia presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Herminia Rodríguez, es la que ahonda en este asunto a lo largo del texto difundido por la patronal: "En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas".
El organismo busca más cabos de esta norma. Los saca a la luz y los pone sobre relieve a lo largo del comunicado. Uno de los más incipientes es, precisamente, el referido a las competencias del Ministerio de Sanidad y las que pertenecen a los organismos autonómicos. "Restringir de manera rígida los instrumentos de gestión disponibles en manos de las comunidades autónomas reducirá la capacidad de respuesta del sistema en un contexto marcado por listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la Oncología", apuntala ASPE.
Su solución, el remedio ante esta norma, es claro. La patronal de la sanidad privada quiere que el Ministerio dé marcha atrás, para lo que solicita "la reconsideración inmediata" de este Anteproyecto, a la par que reclama la "apertura de un diálogo real que permita construir un marco sanitario basado en la evidencia asistencia".
El punto y final lo pone Herminia Rodríguez, que como abanderada de esta organización del sector privado, subraya que "la sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes".
La patronal de la sanidad privada se muestra totalmente contraria a las intenciones del Ministerio de Sanidad. El departamento de Mónica García busca limitar la gestión privada del SNS, y para ello ha recurrido a esta norma que lleva en el tintero de Moncloa desde 2024. Fue entonces cuando esta ley, la de Gestión Pública, se convirtió en una de las legislaciones en las que se troceó la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión.
Esa es la base de la norma de Sanidad que ya ve la luz, y que busca, como ha recalcado la propia ministra en su comparecencia este mismo martes, poner "coto" a las concesiones de la sanidad privada. Esas palabras han causado su propia repercusión en el sector privado, y ASPE ha salido en defensa del modelo. "Nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance", apuntala sobre este Anteproyecto de ley.
La patronal de la privada rechaza la norma de Sanidad
El organismo presidido por Herminia Rodríguez muestra así su rechazo profundo hacia la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad. "Esta ley parte de un planteamiento ideológico sin un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud", apuntala. La Alianza de la Sanidad Privada Española no se queda ahí, y se vuelva contra el texto que, dice, "reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial".
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La norma nace con el objetico de "prohibir, limitar y condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada" |
Precisamente aquí vuelve a hacer origen al nacimiento de esta norma. "Nace con escasas —cuando no nulas— posibilidades de prosperar, al contradecir el marco jurídico vigente de competencias autonómicas en un modelo de descentralización sanitaria aprobado desde 2003", reza la patronal de la sanidad privada en un comunicado.
Este documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, incide en que el Ministerio de Sanidad "criminaliza al sector sanitario en su conjunto e identifica de forma simplista la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor". Con esas palabras, el organismo de Herminia Rodríguez apunta hacia la propuesta del departamento sanitario para restringir esta colaboración público-privada.
"El sector sanitario se opone de forma unánime a los intentos del Gobierno de derogar no solo la Ley 15/1997, sino también de facto la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, una norma clave que adapta el sistema sanitario a un escenario de descentralización autonómica y refuerza principios esenciales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social", prosigue el texto de ASPE.
La concesión administrativa
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) centra parte de su reacción en una de las vertientes de este Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). "Especial preocupación suscita la prohibición definitiva de los modelos de concesión administrativa, un instrumento ampliamente utilizado en las democracias más avanzadas para canalizar recursos privados hacia la creación de infraestructuras sanitarias bajo
titularidad y control públicos", subraya la patronal de la sanidad privada.
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"En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas" |
Estas fórmulas, como señala el organismo, han permitido lo que denomina "diversos modelos innovadores de financiación, construcción y explotación de hospitales y centros sanitarios", en otros países de la talla de Reino Unido, Alemania o Australia. Todos ellos "alineados en general con el acervo en colaboración público-privada en la gestión sanitaria".
Los efectos en la asistencia sanitaria
La patronal de la sanidad privada desglosa todos los obstáculos que, a su parecer, trae consigo esta norma. Por lo tanto, ASPE aborda que el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) tendrá un "impacto directo y negativo sobre los pacientes". La propia presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Herminia Rodríguez, es la que ahonda en este asunto a lo largo del texto difundido por la patronal: "En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas".
El organismo busca más cabos de esta norma. Los saca a la luz y los pone sobre relieve a lo largo del comunicado. Uno de los más incipientes es, precisamente, el referido a las competencias del Ministerio de Sanidad y las que pertenecen a los organismos autonómicos. "Restringir de manera rígida los instrumentos de gestión disponibles en manos de las comunidades autónomas reducirá la capacidad de respuesta del sistema en un contexto marcado por listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la Oncología", apuntala ASPE.
Su solución, el remedio ante esta norma, es claro. La patronal de la sanidad privada quiere que el Ministerio dé marcha atrás, para lo que solicita "la reconsideración inmediata" de este Anteproyecto, a la par que reclama la "apertura de un diálogo real que permita construir un marco sanitario basado en la evidencia asistencia".
El punto y final lo pone Herminia Rodríguez, que como abanderada de esta organización del sector privado, subraya que "la sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes".
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