En 2016, cuando el Covid-19 ni siquiera formaba parte del imaginario colectivo de la sociedad española, expertos en el ámbito jurídico y de la salud expusieron en el XXIII Congreso de Derecho Sanitario las carencias del marco normativo nacional para dar respuesta a amenazas como las que suponían el ébola o la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. “La realidad es tozuda”, ironizaba este martes Ricardo De Lorenzo y Montero, presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, que, durante su intervención en la última sesión científica de la Real Academia Nacional de Medicina de España, ha advertido de que la legislación continúa “desfasada” e “incapaz de dar respuesta” a este tipo de crisis más de un lustro después. 

“España ha quedado descolgada de Europa, porque otros países han actualizado sus leyes y han creado una normativa que permite hacer frente a estas situaciones”, ha manifestado De Lorenzo, que asume que “ese mundo idílico en el que las grandes crisis sanitarias se pueden afrontar sin mayores incidencias” se encuentra aún “muy lejos”.

Ricardo De Lorenzo, presidente del Bufete De Lorenzo Abogados.

Muestra de ello es, a su parecer, el modelo de gestión de la crisis del Covid-19 en España, un escenario que ha reabierto el debate sobre la idoneidad y viabilidad de restringir derechos fundamentales de la ciudadanía. Una circunstancia que no solo se produjo durante el Estado de Alarma sino también durante el proceso de desescalada de las restricciones, aunque la competencia pasara del Gobierno central a las comunidades autónomas y, posteriormente, al ámbito jurídico.

“Fue muy significativo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntara que no se podían restringir derechos sin Estado de Alarma”, ha destacado De Lorenzo, autor de la ponencia sobre ‘Retos y experiencias jurídica ante la emergencia sanitaria del Covid-19’ que ha acogido la Ranme. En palabras del abogado, las restricciones de este tipo de potestades “no pueden estar contempladas en leyes ordinarias, sino orgánicas”. “Por lo tanto, si queremos que no sea necesaria la intervención de los jueces, la Ley tiene que ser más estricta y concretar las competencias del Gobierno estatal y de los autonómicos”, ha señalado.

César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; junto a Ricardo De Lorenzo.

El propio De Lorenzo, quien ha incidido en el hecho de que la Justicia ha declarado inconstitucionales los dos Estados de Alarma, ha considerado que la acción de delegar en los tribunales este tipo de medidas “quebranta el principio de separación de poderes”, pues “la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen al Ejecutivo la potestad, de forma exclusiva y excluyente, de este tipo de decisiones”. “El legislador no puede compartirla con el poder judicial”, ha concluido.

Un marco normativo "para respuestas individualizadas"

En este escenario, De Lorenzo ha subrayado que la crisis del Covid-19 ha demostrado que las leyes sanitarias españolas, “diseñadas para medidas individuales, con actuaciones localizadas y de respuesta rápida”, “no están preparadas para un confinamiento generalizado de la población”.

“Las herramientas jurídicas son escasas y de problemática aplicación. La Ley Orgánica de medidas especiales de salud pública del 86 se muestra insuficiente para contener este tipo de extremos, no hay cobertura suficiente para hacer frente a los principios constitucionales”, ha apuntado. De igual manera, también ha defendido que la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) “ha quedado desactualizada”, e “indudablemente el Interterritorial debe parchearla”.  

Luis Mendicuti, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española; y Ricardo De Lorenzo.

Ricardo De Lorenzo y Montero saluda a Óscar López, director de Redacción Médica.

Antonio Campos, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina; José Miguel García, secretario general de la Ranme; y Antonio de Montalvo, académico de la asociación.

Sara García, vicesecretaria del Colegio de Médicos de Badajoz; Ricardo De Lorenzo; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; Mariano Casado, jefe de Servicio de Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Badajoz; y Domingo Bello, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña.

Antonio Bascones, presidente de la Real Academia de Doctores de España; y  Antonio de Montalvo.

Ricardo De Lorenzo Aparici, socio-director de De Lorenzo Abogados; Ricardo De Lorenzo y Montero; y Ofelia De Lorenzo Aparici, directora del área jurídico-contenciosa del bufete.

Domingo Bello y César Tolosa.

Mariano Casado, jefe de Servicio de Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Badajoz; Sara García y Pedro Hidalgo.

Francisco Fernández, gerente en la Real Academia Nacional de Medicina de España; y los académicos de la Ranme Jorge Alvar, María Eugenia Bruni y José Ramón Poleo.

Pedro Hidalgo, Sara García, Mariano Casado, Luis Martí, exdecano del Colegio de Abogados de Madrid; y José Luis Domínguez, cirujano colorrectal en la Fundación Jiménez Díaz.

Luis Ortiz Quintana, presidente de la Academia Médico-Quirúrgica Española; José Luis Carreras, tesorero de la Real Academia Nacional de Medicina; y Celso Arango, jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Los académicos de número de la Real Academia de Medicina José Manuel Ribera Casado, Celso Arango y José Antonio Rodríguez Montes.

José Ramón Poleo, Jorge Alvar y Antonio Campos.

Gregorio Rodríguez, catedrático de Neurocirugía en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, Javier Burgos, jefe de Servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; y Jesús García-Foncillas, jefe de Área Médica en la especialidad de Oncología en la Fundación Jiménez Díaz.

Antonio Campos, Eduardo Díaz-Rubio y José Miguel García Sagredo.

Al inicio de la sesión, la academia ha reconocido la labor de Jesús García-Foncillas.

Díaz-Rubio, durante su intervención.

Un momento del acto durante la comparecencia de Ricardo De Lorenzo.