Las faltas de ortografía pueden llevar al traste cualquier texto jurídico, por muy fundamentado en el Derecho que esté. Es el caso de un escrito de apelación presentado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Uruguay ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo, en el que se incluían palabras como "espresa", "desarroyo", "quizo", "estubiera", “extructura" y "digimos".
Ocurrió a finales de septiembre, cuando el escrito fue desestimado por contener "más de cien faltas garrafales de ortografía", algo que según los cuatro jueces del tribunal atentaba contra "la dignidad y respeto que merece la justicia".
Además, los magistrados señalaron que el texto era "absolutamente inentendible, plagado de errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas", por lo que se ratificó la condena al ASSE para que pagase unos 11.500 dólares a una funcionaria que había sido despedida.
Un curioso caso que ha llegado a abrir el debate en el país sobre si la mala ortografía puede considerarse motivo para que se desestime un escrito jurídico. Y que, sin duda, hará replantearse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Uruguay sus futuras estrategias procesales.
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