Iñigo Errejón ha usado sus redes sociales para criticar la reciente compra que el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros por Real Decreto-Ley del
Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, creado en el año 2012.
El denominado "banco malo" cuenta con más de
144.000 activos inmobiliarios por un importe superior a los 30.000 millones de euros, que pertenecían a las antiguas cajas de ahorros rescatadas.
La operación financiera que ha aprobado el Gobierno se ha zanjado con el precio simbólico de
un euro y con ella el Estado asume el control de la entidad al hacerse con más del 50% del accionariado. Además, adquiere también la
actual deuda que posee el Sareb y que alcanza los 35.000 millones de euros. La cifra, clasificada por un "agujero" por el diputado de
Más Madrid, es equiparable al
43 por ciento del gasto público que
España destinó a Sanidad en el 2021 —una cifra que ascendió a 81.590 millones de euros—, en un año marcado por la pandemia del Covid-19.
Insuficiencia presupuestaria en el sistema sanitario
Javier Padilla, diputado de Más Madrid, hace un valoración sobre este mismo asunto y afirma a
Redaccción Médica que "desde hace años el Estado tiene mayor facilidad para socializar deudas y
desastres empresariales que para potenciar el estado social y, más concretamente, el sistema sanitario". Afirma que "lo ocurrido ahora con la Sareb, es un ejemplo muy claro de esa
socialización de deudas".
El médico y diputado de la Asamblea de Madrid asegura a este periódico que este movimiento del Gobierno "llega en un
contexto especialmente vergonzante donde el sistema sanitario y, en general, los sistemas de protección social, ven cómo se mantiene una gran insuficiencia presupuestaria".
Aumento de la deuda pública
El cambio legal del Sareb llega después de que Europa obligara a España a asumir como público
un pasivo de 35.000 millones de euros, y sumarlo al resto de la deuda pública. El fondo de rescate estatal FROB tiene actualmente una participación del 45,9% en la entidad, creada para asumir los
préstamos dudosos y los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras la crisis financiera de 2012.
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