MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)
El Sindicato de Enfermería Satse ha lamentado las agresiones a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) registradas durante el primer semestre de 2020 en la provincia de Málaga, con 108 casos hasta junio, a pesar de la bajada de la asistencia presencial por la COVID-19.
Así, en un comunicado Satse ha advertido también de que ha detectado "un aumento de la conflictividad en los centros sanitarios durante los meses de verano en los que los usuarios están pagando las deficiencias del sistema con los profesionales que les atienden en primera línea".
En concreto, según los datos del registro del SAS recopilados por el Sindicato de Enfermería, entre enero y junio de 2020 se produjeron un total de 108 agresiones en centros sanitarios de la provincia, de ellas 25 físicas y 83 verbales, tales como amenazas o insultos.
Para Satse, "estas cifras, aunque inferiores a las del mismo periodo de años anteriores, son de extrema gravedad si se tiene en cuenta que incluyen la etapa de confinamiento de los meses de marzo a principios de junio y, por tanto, en los que descendió sensiblemente la atención presencial en los centros sanitarios".
También ha alertado de que durante el verano "se ha detectado un incremento de la conflictividad en los centros sanitarios debido a que los usuarios descontentos con la asistencia responsabilizan a los profesionales de las carencias que sufren en la atención".
"El aumento de la presión asistencial tanto en Primaria como en los centros hospitalarios, las largas colas para ser atendidos en los centros de salud o la imposibilidad de contactar por teléfono con los mismos están provocando un incremento de las situaciones de tensión, siendo las enfermeras y enfermeros los principales perjudicados al ser el primer profesional con que el usuario se encuentra", han señalado en el comunicado.
Por ello, han vuelto a apelar a que "se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares", recordando "que los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional, que en muchas ocasiones es la primera víctima de las deficiencias y que hace todo lo posible para que no se vea afectada la calidad de la atención sanitaria".
Por último, han reclamado a la administración pública "que se pongan en marcha todas las medidas preventivas necesarias para evitar en todo lo posible las agresiones a los profesionales y que, en caso de consumarse la agresión, asegurar que el profesional agredido es atendido y apoyado en todo momento" y, además, han pedido a la Junta "que dote de los recursos humanos y materiales necesarios para atender a los ciudadanos como se merecen y así evitar que las deficiencias en la asistencia deriven en un acto violento contra los profesionales".