Europa Press
08 jun 2020. 20.47H
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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes en su página web los informes de todas las comunidades autónomas que han pasado a fase 2 del plan de transición hacia la denominada "nueva normalidad".

El departamento que dirige Salvador Illa ha colgado a última hora de la tarde todos los informes en los que se ha apoyado para justificar el avance o no de los distintos territorios según los parámetros establecidos por el propio Ministerio.

Sanidad hizo públicos el pasado día 25 de mayor los documentos correspondientes al paso a la fase 1 de la desescalada y este lunes, con más de media España en fase 3, ha colgado los correspondientes a la fase 2.

El ministro Salvador Illa ya adelantó que los informes sobre el cambio de fase se harían públicos una vez que todas las regiones hubieran pasado a la citada fase, lo que ha ocurrido este lunes con la incorporación a la fase 2 de la Comunidad de Madrid, el área sanitaria de Barcelona y Castilla y León.

También se encuentran en fase 2 la Comunidad Valenciana, las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real en Castilla-La Mancha y la ciudad de Ceuta. El resto de España, 13 autonomías, están ya en fase 3.

La publicación de los informes había sido demandada desde varios gobiernos regionales para conocer los datos en los que se había apoyado Sanidad. Una de las más duras fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las dos negativas de Sanidad para que la región abandonara la fase inicial.

Según Ayuso, que ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase, es necesario conocer estos informes para comprobar que no ha habido trato "discriminatorio".

Los informes son realizados por funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), cuyo máximo responsable es el doctor Fernando Simón. "Estos informes son elevados a la Dirección de Salud Pública, que me los eleva a mí, y en base a los cuales, dicto las órdenes respectivas después de haber celebrado reuniones bilaterales con la Comunidad Autónoma respectiva", explicó Illa.

Según Sanidad, los criterios han sido sanitarios y no económicos. "Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo", señaló Simón cuando se plantearon las críticas por no avanzar.

CRITERIOS DE SANIDAD

En concreto, Sanidad estableció unos parámetros de análisis recogidos bajo tres grandes categorías de criterios: para valorar la transmisión, para valorar la gravedad y para las capacidades de detección y respuesta.

En cuanto a los criterios para valorar la transmisión se valoraba Rt, que es el número de reproducción en función del tiempo; número total de casos confirmados por PCR en la última semana desde la fecha del inicio de los síntomas; incidencia acumulada en los últimos 7 días; porcentaje de casos posibles o sospechosos con la prueba PCR realizada; y tasa de positividad de los casos sospechosos.

En materia de criterios para valorar la gravedad se fijaba en el número de hospitalizados en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación; casos en UCI en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación; fallecidos en los últimos 7 días y letalidad en ese periodo.

Sobre los criterios para valorar las capacidades de detección y respuesta, se analiza el número de camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes; el número de camas de agudos por 10.000 habitantes; la capacidad de atención primaria para el diagnóstico precoz a todos los sospechosos; si disponen de protocolos y recursos para el seguimiento de contactos; el sistema de vigilancia puesto en marcha para garantizar la monitorización diaria de los casos y la notificación individualizada, tanto a nivel primario como hospitalario y el protocolo para asegurar el manejo de las residencias de mayores.

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