MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Salud Mental España ha denunciado el uso de contenciones mecánicas en los hospitales, avisando de que los pacientes se enfrentan a la vulneración múltiple y sistemática de sus derechos durante los ingresos involuntarios.
"Aunque yo nunca he estado enterrado vivo, considero que es una experiencia similar. La inmovilidad de todas mis extremidades y mi tronco sobre una camilla, me provoca unas sensaciones de angustia y ansiedad insoportables, y cuando más agitado estoy, más dolorosa es la experiencia", ha relatado el presidente de la Federación Salud Mental Canarias, Enrique González.
Por ello, y con motivo del Día de los Derechos Humanos, la organización ha denunciado las situaciones de violencia que, de forma habitual, sufren las personas con trastorno mental en la atención sanitaria.
Una de las vulneraciones de derechos más frecuentes, es el uso de medidas coercitivas, tales como las contenciones mecánicas, una práctica considerada tortura por la ONU y que puede suponer para la persona que la sufre tanto consecuencias psicológicas (trauma), como físicas (hematomas, fracturas, atrofia muscular), pudiendo llegar incluso en ocasiones a provocar la muerte.
"Me agredieron. Fue durante un ingreso hospitalario por la seguridad privada. Primero me redujeron, siendo el ingreso voluntario, para sedarme y recurrir a contenciones mecánicas, cuando me subí solo a la camilla. El segundo motivo, llamar a gritos a los familiares que me pudieron visitar durante 5 minutos a planta, cuando recién se habían ido. Resultado de ello: llamada del psiquiatra a seguridad, con la denigrante situación de reducción violenta y anclaje a la cama de la planta del hospital donde yo, por suerte, anduve solamente 30/40 minutos, pero un compañero llevaba días pegado a su cama en la habitación contigua", ha dicho el representante de la federación murciana en el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de Salud Mental España, Jonatan Yuste.
Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Andreas, una psicóloga social a la que, tras varias semanas de peregrinaje por centros de Atención primaria con síntomas físicos (fiebre, acúfenos y fuertes dolores de cabeza), el Hospital Universitario Central de Asturias le diagnosticó "erróneamente" un problema de salud mental.
Lo que comenzó como un ingreso voluntario en la planta de Psiquiatría se convirtió en forzoso y, tras 75 horas contenida mecánicamente, Andreas falleció debido a una meningitis que no fue detectada a tiempo. Su hermana Aitana continúa en el proceso judicial para que, como ella misma manifiesta, "se haga justicia", y en este camino cuenta con el apoyo del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de Salud Mental España.
Asimismo, la Confederación es una de las firmantes del Manifiesto de Cartagena, al que también están adheridas la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Federación 'En Primera Persona' y la asociación Veus. En él, se aboga por erradicar el uso de contenciones mecánicas, aislamiento o cualquier otra forma de coacción, en línea con lo que dispone la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y recuerda que Naciones Unidas lo considera tortura.
"¿Cómo es posible que ocurra eso en nuestro tiempo, que no se escuche a quienes sufren la violencia de prácticas y tratos inadecuados? Por la desidia de muchos. Estoy seguro de que pocos profesionales no sienten repugnancia cuando acceden a dichas prácticas, pero un exceso de adaptación a la institución les lleva muy prontamente a aceptarlas, cuando no a justificarlas. El fin no puede justificar los medios, y menos cuando estos se acercan a lo cruel, si no es que caen en ello. Nadie puede desear tales violencias para sí ni para los suyos", ha añadido el miembro del Consejo Consultivo de Salud Mental España, José Leal.
A su juicio, el motivo de que se sigan empleando estas prácticas es que sigue habiendo "mucho miedo" a la libertad y la autonomía, y demasiado arraigo del estigma de la violencia y el descontrol atribuidos a las personas con problemas de salud mental. "Además, dañan el vínculo terapéutico y casi hace imposible su continuidad desde la posición de horizontalidad y autonomía porque la coerción no es terapéutica y hiere la dignidad", ha apostillado.
Entre las alternativas, Leal ha mencionado el desarrollo de equipos comunitarios que atiendan las crisis, el incremento de recursos profesionales y modificación de los espacios para hacerlos menos hostiles, implementar apoyos a los y las profesionales para que se impliquen en nuevas prácticas alejadas de las relaciones de poder, y reconocer el saber de las personas con experiencia propia y su entorno para aportar a la planificación de servicios.