MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) ha publicado un informe en el que muestra que, a pesar de que a nivel mundial se están reduciendo los casos de contagio de VIH, no está ocurriendo lo mismo entre las personas que se inyectan drogas, las cuales, además, viven en el 99 por ciento de los casos, en países con escasas coberturas sanitarias y sociales.
"Estamos muy preocupados por la falta de progreso respecto a las personas que se inyectan drogas, lo que se debe a que muchos países no han implementado enfoques de prevención del consumo de drogas basados en la evidencia y en los derechos humanos. Al poner a las personas en el centro del sistema y asegurar que tengan acceso a servicios sociales y de salud con dignidad y sin discriminación ni criminalización, se pueden salvar vidas y reducir drásticamente las nuevas infecciones de VIH", ha dicho el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.
Asimismo, el trabajo ha evidenciado que de las 10,4 millones de personas que se inyectaban drogas en 2016, más de la mitad vivían con hepatitis C y una de cada ocho estaba con VIH. "Garantizar la disponibilidad de servicios integrales de reducción de daños, incluidos los programas de jeringa y aguja, el tratamiento de drogodependencias y las pruebas y el tratamiento del VIH, será un impulso para el progreso en la prevención de nuevas infecciones por VIH entre las personas que consumen drogas", han dicho desde ONUSIDA.
Sin embargo, prosigue, pocos estados miembros de Naciones Unidas han cumplido con el acuerdo de 2016 descrito en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas para establecer medidas efectivas de salud pública que permitan mejorar los resultados de salud de las personas que consumen drogas.
"Aunque la despenalización del uso y posesión de drogas para uso personal aumenta la provisión, el acceso y la aceptación de servicios de salud y de reducción de daños, la criminalización y los castigos severos siguen siendo comunes. Aproximadamente una de cada cinco personas en prisión en todo el mundo están encarceladas por delitos relacionados con drogas, y alrededor del 80 por ciento de ellas por posesión para uso personal", ha dicho la organización.
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Asimismo, ha abogado por la participación plena de la sociedad civil como una fuente esencial de información y para proporcionar movilización, defensa y servicios dirigidos por la comunidad, especialmente en lugares donde las políticas y prácticas represivas son la norma. Además, ONUSIDA ha solicitado más fondos para programas de derechos humanos y servicios de salud que incluyan servicios de reducción de daños y VIH, respuestas lideradas por la comunidad y la eliminación del estigma y la discriminación relacionados con las drogas y el VIH.
Finalmente, ONUSIDA ha aconsejado a los países implementar de forma completa servicios integrales de reducción de daños y VIH, incluidos programas de agujas y jeringas, terapia de sustitución de opioides, manejo de sobredosis con naloxona y salas de consumo seguras. Además, ha destacado la importancia de asegurar que todas las personas que consumen drogas tengan acceso a prevención, pruebas y tratamiento vital para el VIH, la tuberculosis, la hepatitis viral y las infecciones de transmisión sexual.
Finalmente, ha solicitado despenalizar el uso y posesión de drogas para uso personal; donde las drogas siguen siendo ilegales, adaptar y reformar las leyes para garantizar que las personas que las consumen tengan acceso a la justicia, incluidos los servicios legales, y no enfrenten sanciones punitivas o coercitivas para uso personal; tomar medidas para eliminar todas las formas de estigma y discriminación que sufren las personas que consumen drogas; apoyar la participación plena de la sociedad civil como fuente de información; proporcionar servicios, movilización y defensa liderados por la comunidad, especialmente en lugares donde las políticas y prácticas represivas son la norma; e invertir en programas de derechos humanos y servicios de salud, incluido un paquete completo de servicios de reducción de daños y VIH, respuestas dirigidas por la comunidad y facilitadores sociales.