MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, celebrado este martes, reclama el reconocimiento automático del 33 por ciento de discapacidad con el diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa, necesario para poder acceder a cualquier medida de protección social, que facilite un mejor acceso al empleo, mantenimiento del puesto de trabajo, apoyo en estudios y formación u obtención de ayudas para realizar adaptaciones en el hogar.
Esta reivindicación se enmarca en el conjunto de las tres medidas, junto con la creación de un nuevo tipo de discapacidad para las enfermedades neurodegenerativas y una atención especial del baremo a los casos más urgentes y graves, que desde el año 2011 tanto el Congreso de los Diputados como numerosos parlamentos autonómicos vienen reclamando al Gobierno, siempre con unanimidad de todos los grupos políticos.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune, desmielinizante, neurodegenerativa y progresiva del Sistema Nervioso Central. Los síntomas tempranos más habituales son la fatiga, problemas de visión, hormigueos, entumecimientos, vértigos y mareos, debilidad muscular, espasmos y problemas de equilibrio y coordinación.
Muchas manifestaciones de la enfermedad son invisibles, pero inciden en el día a día de estas personas. La incapacidad que provoca se caracteriza por trastornos motores, cognitivos y de la agudeza visual, acompañada de otras alteraciones como ansiedad y depresión.
Otras reivindicaciones importantes del colectivo son el mayor apoyo gubernamental a la investigación de la esclerosis múltiple; el acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado, en todas las comunidades autónomas; la equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona, en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios; y un mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el cumplimiento del 2 por ciento que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad.