MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Un análisis realizado por profesores de la Facultad de Derecho y un médico-investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa (Canadá) considera que los gobiernos provinciales y territoriales deberían establecer "normas claras" para la vacunación de los trabajadores sanitarios contra el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, en entornos públicos y privados.
En su artículo, publicado en la revista 'Canadian Medical Association Journal', se describen los precedentes jurídicos de los intentos de imponer la vacunación antigripal a los trabajadores sanitarios y el modo en que esos precedentes podrían aplicarse a la vacunación contra el SARS-CoV-2. También describe la justificación legal para imponer la vacunación contra el SRAS-CoV-2 a los trabajadores sanitarios y otras consideraciones legales.
Según los investigadores, a la hora de crear una política de vacunación obligatoria de los trabajadores sanitarios, será importante incluir exenciones para las personas que no puedan recibir la vacuna por problemas de salud subyacentes u otras razones. Estas exenciones ayudarán a proteger los mandatos del gobierno en caso de que haya una impugnación. Según las pruebas actuales, es probable que estas impugnaciones no tengan éxito si existen exenciones para los empleados. Es importante señalar que cualquier orden de vacunación o de quedarse en casa no obligaría a un trabajador sanitario a vacunarse.
"Una vacuna eficaz suministrada a los trabajadores sanitarios protegerá tanto al personal sanitario como a los pacientes, reduciendo la carga global del COVID-19 en los servicios y garantizando el personal adecuado para administrar las necesidades sanitarias de la población durante la pandemia", explica una de las líderes de este artículo, Colleen Flood.
"Lo que no está tan claro es si un trabajador sanitario podría argumentar que debería poder, en lugar de la vacunación, llevar equipo de protección personal. Inicialmente, incluso los vacunados seguirán usando EPP, pero creemos que los tribunales deberían aceptar la aplicación del principio de precaución para exigir la vacunación en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, será esencial recopilar y sopesar las pruebas del mundo real sobre los beneficios tanto de las vacunas como de los EPI", precisa Flood.