MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) ha presentado este viernes en el Senado una moción en la que piden al Gobierno central que inste a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación sobre los contratos de compra de material sanitario realizados por la Administración General de Estado durante la crisis sanitaria del COVID-19.

"Permitan que la Fiscalía investigue todo lo que tenga que investigar, den los medios necesarios a la Justicia para investigar la verdad sobre estos contratos. Si no tienen nada que esconder, voten que sí", ha justificado la senadora popular María Salom Coll, quien ha reclamado igualmente que se cree una ponencia en el Senado para investigar "cada uno de los contratos" durante el estado de alarma "de arriba a abajo".

Salom Coll ha criticado que el Gobierno llegó "tarde" a la compra de material sanitario para proteger a toda la población: "No hicieron caso a la Organización Mundial de la Salud cuando a finales de enero pedía hacer acopio de material. Sanidad no se puso las pilas hasta el mes de marzo, llegó tarde. Y mal, ha habido mucho oscurantismo. La falta de transparencia es el preámbulo de la corrupción".

La senadora ha sugerido que "tal vez" se incurrió en "malversación de dinero público", ya que, a su juicio, "hay muchos contratos que huelen mal". "Queremos saber si alguien se ha forrado de manera ilegal a costa del coronavirus. Han comprado productos que valen más del doble, triple o cuádruple del valor de mercado. Queremos saber la verdad, hay dudas razonables de que muchos contratos adjudicados a dedo no cumplen la legalidad", ha espetado, criticando el cierre del Portal de Transparencia durante los peores momentos de la pandemia, coincidiendo con la mayoría de adjudicaciones de contratos.

El senador socialista Miguel Carmelo Dalmau Blanco ha acusado al PP de "descontextualizar" la situación: "Nos estamos enfrentando aún a una situación hasta ahora desconocida que ha puesto en jaque no solo a España sino al conjunto de la comunidad internacional". En este sentido, ha defendido que el Gobierno ha actuado "con transparencia y legalidad" dentro del estado de alarma "con el objetivo de salvar vidas".

Dalmau Blanco ha recordado que la compra de material sanitario por parte del Ejecutivo se produjo en "una situación de desabastecimiento y dificultades en el mercado internacional para hacerse con el material suficiente". "En un mercado desajustado con importante competencia en los precios", ha añadido. Como solución, ha propuesto potenciar la industria nacional para "garantizar un mayor autoabastecimiento de cara a futuros repuntes", que formen una "reserva estratégica" de material sanitario.

Asimismo, ha pedido a la senadora popular que no "judicialice" estas compras. "No contribuyan ustedes a sobrecargar el sistema judicial, a judicializar la política, porque embarra el terreno de juego, hace mucho ruido pero no aporta nada positivo. Sean más propositivos y concentren los esfuerzos en lo necesario. Lo contrario será percibido como falta de unidad y altura política necesaria en estos momentos de reconstrucción", ha apostillado.

En los mismos términos, el senador socialista José María Oleaga Zaldivea ha criticado al PP que "cree el ladrón que todos son de su condición": "Son expertos en personas como el 'Bigotes', que sí recibía contratos a dedo". También ha denunciado que el Partido Popular recurre a la Justicia en demasía: "Cada vez que no les gusta una Ley, al Juzgado". Y, en último lugar, ha denunciado el planteamiento de que sea el Gobierno quien inste a investigar a la Fiscalía: "Rompe la autonomía del Ministerio fiscal".

Por su parte, Miguel Sánchez López, senador de Ciudadanos, ha pedido que no se haga una "causa general" contra el Gobierno por la compra de material, pero también ha pedido al Ejecutivo que "no eche balones fuera".

Así, ha citado algunos ejemplos de contratos que, en su opinión, son sospechosos, como la supuesta compra de equipos de ventilación a una empresa de Granada por 40.000 euros, el doble del precio de mercado habitual. "Algún mal pensado podría pensar que estamos hablando de una tapadera para que alguien actuara de intermediario llevándose una comisión", ha sugerido, criticando la "inaceptable opacidad y condiciones altamente sospechosas" de algunas adjudicaciones.