BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, ha defendido subrayado este martes que la Generalitat ha "dado unos pasos atrás" en la libertad de movilidad de los ciudadanos por los rebrotes registrados en Lleida porque "la situación es de riesgo" y ha defendido que no se trata en ningún caso de un "confinamiento domiciliario".
En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, la consellera se ha mostrado esperanzada en que este miércoles entre en vigor el decreto de confinamiento por coronavirus en Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat (Lleida) ante la falta de noticias por parte de los juzgados.
En este sentido, ha defendido la necesidad de que estas medidas se puedan tramitar "con normalidad" y entren en vigor de "manera urgente" --está previsto que esta medianoche-- ante unas cifras epidemiológicas que reflejan una situación "de riesgo".
La resolución, que se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) y que ha consultado Europa Press, establece que la situación actual del virus "justifica la urgente necesidad de la medida".
En cualquier caso, ha defendido que no se trata de un "confinamiento domiciliario" sino de la recomendación de no salir si no es estrictamente necesario. "Hemos dado algunos pasos atrás porque los datos epidemiológicos lo recomiendan", ha enfatizado Budò, quien ha defendido la necesidad no solo de "frenar" o "reducir la velocidad" sino de dar "algún paso atrás".
La portavoz del Govern ha defendido la competencia de la Generalitat para adoptar esta decisión y ha recalcado que no entiende la diferencia de la actual situación con la registrada en marzo cuando se estableció el confinamiento perimetral en la Conca d'Òdena.
"¿Qué ha cambiado para que ahora se interprete de manera diferente?", se ha preguntado la consellera, que ha recordado que otros gobiernos regionales como los de Aragón, País Vasco o Galicia han adoptado medidas restrictivas ante el Covid-19 sin que se hayan visto envueltos en los "problemas" que se han puesto a Catalunya.