MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha presentado al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social varias alegaciones contra el proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1950-1985, al considerar que incurre en "graves infracciones" que, de no ser corregidas, "darán pie" a que sea recurrido ante los tribunales.
"El proyecto presentado no es aceptable porque no respeta los acuerdos previos adquiridos de buena fe entre Avite y el Gobierno, y además carece de sensibilidad con un colectivo tan castigado y que le ha proporcionado a la sociedad española el poder consumir medicamentos de manera segura", ha aseverado la organización.
En concreto, Avite denuncia que en el proyecto no se regule la exención fiscal de las ayudas, lo que, a su juicio, es punto "principal" para evitar que lo que los afectados pierdan con los impuestos las ayudas recibidas, las cuales tienen como objetivo "auxiliar el penoso día a día de las víctimas".
Y es que, tal y como argumenta Avite, es la "exposición de motivos" del propio proyecto la que establece que, los últimos estudios médicos internacionales informan de los problemas añadidos que se producen con el envejecimiento de las personas afectadas, lo que provoca un agravamiento de la situación personal y, en consecuencia, una dependencia más severa.
"Pues bien, ningún sentido tendría entonces que no se regulase una exención fiscal, pues dados los tipos vigentes en España del IRPF, de no hacerse, aproximadamente el 50 por ciento del dinero volvería al Estado sin cumplir el fin que dispuso el legislador. Además se obvia que se aprobó por unanimidad del Congreso de los Diputados, incluidos votos del PSOE, la proposición no de ley de 30/11/16, que exigía indemnizar a las víctimas como máximo en 2018 y también analizar las exenciones fiscales", ha destacado la organización.
Además, prosigue, no regular una exención fiscal resultaría "doblemente discriminatorio", tanto con las víctimas de VIH o de terrorismo, entre otras, como de los afectados por talidomida en otros países como Irlanda, Canadá, Italia, Alemania, Brasil o Reino Unido.
EL GOBIERNO HA SOSLAYADO "COMPLETAMENTE" LO IMPUESTO EN EL PGE 2018
Por otra parte, Avite ha denunciado que en el proyecto de Real Decreto que elabora el departamento que dirige María Luisa Carcedo se pretendan "rebajar" los establecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 el alcance de las ayudas respecto a la discapacidad de los afectados.
Dicha ley, según ha recordado, dice que "el importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada", mientras que el Real Decreto señala que "el importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, compatibles con las descritas para la talidomida.
"Es claro que ese 'compatible' espuriamente añadido es contrario a la ley, y en caso de ser preciso, así se hará valer ante los tribunales por Avite. Además esta redacción con toda seguridad será fuente de litigiosidad garantizada ante los tribunales de justicia de mantenerse, ya que es difícil, si no imposible, deslindar el alcance de la embriopatía por talidomida en el conjunto de taras que aquejan a cada afectado. Uno de ellos por ejemplo puede tener focomelias que a lo largo de los años hayan dado lugar a una escoliosis, que en sí misma no la causó la talidomida, sino que se deriva de la asimetría. A su vez todo esto podría generar una afectación general como la fibromialgia, de la que cabría decir otro tanto", ha apostillado la organización.
Igualmente, añade, el Gobierno ha soslayado "completamente" el mandato que le impone el PGE 2018 de recabar la colaboración económica de Grünenthal para paliar el daño. Concretamente, dicha normativa señalaba que el Ejecutivo recabaría de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España, la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración, tal y como señala el texto, se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.
"Grünenthal, laboratorio que para vergüenza de los españoles sigue lucrándose con el presupuesto de la sanidad pública sin haber pagado ni un euro pese al inmenso daño que causó, según sentencia, que la absolvió por prescripción, actuó culposamente, y en España además siguió vendiendo talidomida más allá de noviembre de 1961, cuando la había retirado del resto del mundo por conocerse ya sus efectos devastadores en los fetos. Por estos y otros motivos alegados en forma Avite luchará hasta el fin para que el Gobierno cumpla la ley de PGE de 2018, la proposición no de ley y lo pactado con Avite", ha zanjado.