Sanidad rechaza una reforma sectorial en indexación de contratos sanitarios

El sector de la tecnología sanitaria no está satisfecho con la indexación de determinados contratos públicos de suministro y servicios, entre los que estaban los suyos. Tras años de reivindicaciones, lograron que en mayo se restablecieran estos requisitos eliminados en 2015, aunque la realidad posterior no ha sido positiva, ya que encuentran muchas dificultades para ponerlo en marcha, tal y como ha explicado la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Sobre ello, el Ministerio de Sanidad ha respondido que no se trata de una cuestión únicamente sanitaria, sino global y que como tal debería abordarse así.

"Se trata de un problema que no es exclusivo del ámbito sanitario y debería abordarse a nivel global para todos los sectores de la economía. Desde 2017 no es posible indexar por indicadores generales los contratos; sin embargo, sí que se permite actualizar los importes de los contratos con justificación del incremento de los costes específicos (mano de obra, componentes...)", aseguran fuentes del departamento que dirige Mónica García a Redacción Médica.

En este sentido, consideran que es probable que no se esté utilizando este mecanismo porque es "mucho más complejo de calcular" y "depende de la intervención el que se autorice o no".

¿Cómo afecta a las empresas estas dificultades de indexación? Debido a las nuevas circunstancias es "prácticamente imposible" beneficiarse de la indexación de contratos públicos, según los criterios que marca la nueva normativa (Ley 11/2023), sostienen desde Fenin. Por ello, al no poder compartir parte de los costes, si siguen subiendo, nos dirigimos hacia un escenario en el que los contratos serán "inviables económicamente y, en consecuencia, los pacientes verán comprometido el acceso a las tecnologías que les permite mejorar su salud y calidad de vida".

Especialmente, lamentan los sobrecostes que han sufrido tras los niveles de inflación de los últimos años que están asumiendo las compañías para seguir desarrollando su actividad, esto se traduce en: recursos humanos/personal, costes de producción, costes logísticos, sistemas de información, energía, etc. De hecho, la situación es peor desde hace tres años, ya que los costes absorbidos por el sector han sido del 16 por ciento, tal y como estiman.

Contemplar la inflación en los contratos

Para evitar llegar a este estado, el sector de la tecnología sanitaria pide que se empiece a contemplar la inflación y se cuenten con indicadores públicos. Este primer punto es clave y es el que más fácil podría aplicarse, puesto que una de las diferencias entre el reglamento actual y el de 2015 era que en ese momento se actualizaba el precio de los contratos públicos aplicando el 85 por ciento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Según las compañías, esta disposición fue eficaz para dar viabilidad a los contratos y se alza como la solución más "sencilla y práctica" para garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos.

Por otro lado, sobre la mesa se ha puesto también la opción de publicar indicadores públicos oficiales de todas las materias primas y productos intermedios que se utilizan en el sector. Aunque esto es bastante más complejo, ya que primero habría que crearlos y, después, se necesitarían actualizaciones periódicas de estos parámetros.

"Para poder indexar los contratos públicos, según las posibilidades que marca la ley, ha de identificarse para cada producto/servicio el porcentaje de contribución de la energía (factible), de sus productos intermedios (complejo y variable entre los mismos tipos de productos de distintas empresas) y de sus materias primas (complejo y variable entre los mismos tipos de productos de distintas empresas) y referenciarlos a indicadores públicos oficiales", especifican desde Fenin.

Asimismo y dejando al margen la indexación de contratos, desde el sector healthtech también apuestan por establecer medidas de ajuste (al alza o a la baja) de los precios de los contratos públicos con el objetivo de garantizar la viabilidad de los mismos y asegurar el acceso de los profesionales y pacientes a la tecnología sanitaria.