Adaptar la
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a las necesidades sanitarias es un trabajo complejo. Partimos de la base de que el sector de la salud tiene
"demandas inmediatas, cambiantes y complejas", según los expertos; y con la burocracia actual "no se puede dar una respuesta asistencial con la celeridad deseada". Por estos motivos, encontrar las mejores fórmulas para optimizar la contratación pública en sanidad es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los profesionales. Algunas de estas soluciones son: la
planificación, la compra en valor, los procedimientos de racionalización
o los estudios de mercado preliminares.
"La necesidad clínica de usar un medicamento que no se preveía de forma inmediata;
ajustar los consumos a los cambios en los protocolos debido a la publicación de nueva evidencia o las necesidades; o gestionar cambios en los tipos de pacientes y patologías atendidas son posibles situaciones en las que los tiempos y la aplicación de la LCSP no se ajusta al objetivo de
poder comprar de forma eficiente y ágil un producto para satisfacer la necesidad del hospital y de los pacientes", explica Josep Maria Guiu, director del Área de Farmacia y Medicamento del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC).
En este sentido, uno de los recursos para hacer frente a estos problemas es la
utilización de los procedimientos de racionalización de la contratación, como las centrales de compras, el Acuerdo Marco y el Sistema Dinámico de Adquisición. Eso sí, para usar estos modelos se necesita cierto margen, y así reducir también el número de
contratos menores sanitarios.
"En la compra pública de sanidad tenemos
problemas por la falta de agilidad en la tramitación de procedimientos, es decir, son procesos muy rígidos y con largos plazos de adjudicación", explica Paula Hors, directora del Servicio Agregado de Compras Administrativas del Consorci de Salut i Social de Catalunya (Sacac). Además, en ocasiones se presentan
"recursos vacíos de contenido" en la adjudicación de contratos. "Entendemos que el recurso es una herramienta útil y necesaria, el mal uso de este conlleva una dificultad en la adquisición de productos y servicios que repercute
de forma negativa al sistema sanitario", añade Hors.
Por lo tanto, los especialistas en contratación piden un mayor margen de maniobra en algunos aspectos de las licitaciones e incorporar la posibilidad de
utilizar los catálogos electrónicos para evitar que algunos avances se queden fuera. En palabras de Guiu, los largos tiempos en todo el proceso de licitación pueden
demorar la incorporación de fármacos o productos sanitarios con impactos elevados en el gasto público, como sucede en la incorporación de biosimilares o genéricos. "En algunos casos, estos periodos de transición suponen que se hagan
fuera del paraguas de la contratación pública", sostiene.
Consultas preliminares del mercado
Por otro lado, una
mayor planificación de los contratos públicos se perfila como una medida para diseñar mejor las condiciones de contratación. "Si es necesario, se puede recurrir a las consultas preliminares del mercado", apunta Mario Ledesma, asesor jurídico de Contratación Pública del Laboratorio de la Contratación. Con estas consultas se pretende
conocer las últimas novedades del mercado para incorporar todo lo necesario en los pliegos, o identificar si lo que se necesita existe o no, o si es factible. Todo ello para
garantizar el éxito de la futura compra pública que se vaya a realizar.
Asimismo, la búsqueda de nuevas soluciones contractuales enfocadas
a la compra basada en valor que contribuyan a la eficiencia de la compra pública y, por tanto, a la
sostenibilidad del sistema sanitario, se alza como clave para optimizar la adquisición pública sanitaria.
"Todo ello sin olvidar el
control más exhaustivo de los pliegos y de las ofertas durante la ejecución del contrato, de forma que, se promueva que el contratista se esfuerce, aún más, en procurar la prestación
conforme a los parámetros a los que viene obligado", añade Ledesma.
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