El Consejo de Ministros ha aprobado este martes reajuste del presupuesto con el que cuenta el
Ministerio de Sanidad pueda adquirir equipamiento electromédico y enfocado a la protonterapia.
De esta manera, se ha autorizado la redistribución del gasto como “consecuencia de la situación ocasionada por la guerra de Ucrania”. Si en total habían destinado
237.184.200 euros, la cifra se mantiene igual, pero se
amplían los años de ejecución del presupuesto y este se redistribuye. Por ejemplo, en 2023 se había aprobado un presupuesto de 24.300.000 euros, pero el
reajuste deja a cero la cifra para el año vigente. En 2024, la cifra acordada de 118.360.607,39 euros queda reducida a 39.812.025 euros.
El año 2025 es donde comienza el
reajuste positivo de la cifra inicial. De esta manera, si en el primer acuerdo se iban a destinar 94.523.592 euros, el presupuesto da un salto hasta los 123.695.275 euros. Por último, aunque 2026 inicialmente no entró en el plan de Gobierno, ahora ese año habrá un límite de gasto de 73.676.900 euros, lo que termina por completar los más de 230 millones de euros iniciales pactados a finales de 2022.
Encarecimiento de los costes
Desde el Ejecutivo argumentan estos reajustes con que “se ha producido un
encarecimiento, tanto de materias primas necesarias para la construcción del bunker que aloja los equipos, como de los componentes electrónicos, materiales y mano de obra necesarios para la instalación de los equipos”. Desde la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad se pidio este reajuste para poder ejecutar la totalidad del presuesto y, así, llevar a cabo sin grandes estragos el
Plan de Implantación de la Protonterapia en el SNS.
Esta situación, explican, ha ocasionado “retrasos en las
licitaciones de obras por parte de las Comunidades Autónomas, y por lo tanto, la necesidad de un reajuste del cronograma previsto en la instalación de los equipos de protonterapia.”.
En 2022 se aprobaron estos límites de gasto y se firmó un contrato entre la Secretaría de Estado de Sanidad y la empresa Ion Beam Applications S.A, que tenía como objeto el suministro del tipo de equipos ya mencionados.
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