La
tecnología sanitaria salva vidas. El
plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (Inveat) dibujó un nuevo parque tecnológico en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Con casi 800 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; este proyecto supuso la adquisición de
847 equipos y millones de españoles están mejor diagnosticados gracias a esta inversión. Sin embargo, esta es solo una de las aristas de este sector que espera un cambio legislativo que está en marcha: el
Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
De hecho, la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha presentado alegaciones a este proyecto que todavía está
creando el Ministerio de Sanidad, a la espera de reunirse con el departamento de Mónica García. "Hemos presentado alegaciones en torno a garantizar que esta evaluación
no suponga un freno a la innovación, se necesita establecer procedimientos para un sector rápido como es el de la tecnología. Además, será imprescindible una
formación de los evaluadores y analizar si existen duplicidad en las evaluaciones. En definitiva, saber qué se va a valorar", ha indicado
Pablo Crespo, secretario general de Fenin.
En este sentido, desde la federación indican que para dar acceso a los pacientes de la mejor tecnología sanitaria hay que
mirar hacia el futuro, ya que en muchos casos se 'peca' al
hacer políticas cortoplacistas: "Con tecnología del pasado no se puede dar una
Medicina del presente y del futuro. No estamos midiendo el impacto a medio y largo plazo de las regulaciones y esto penaliza el acceso ágil del sistema sanitario a la innovación tecnológica", ha señalado Crespo.
Por lo tanto, debería llevarse a cabo un
cambio en la cultura de compra de tecnología sanitaria. Una de las principales reclamaciones de Fenin era la
indexación de contratos del sector público, que aceptó el Gobierno el año pasado, sin embargo, no en las condiciones previas a 2015. En aquel momento se permitía indexar los contratos al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero en la actualidad no, y ello ha hecho que las
empresas no estén accediendo a esta posibilidad. Otro aspecto que también piden para mejorar la compra es que
la calidad sea "un factor determinante" en la adquisición de tecnología sanitaria, ya que mirar solo el precio no puede ser lo más importante. Concretamente, comentan que al menos el
50 por ciento de los criterios de adjudicación deberían estar vinculados a la calidad y los resultados en salud.
"Sesgo farmacéutico" en la Ley de Garantías
Asimismo, Crespo
ha lamentado el "sesgo farmacéutico" que afecta, en muchas ocasiones, al sector de la tecnología sanitaria. El ejemplo más claro se encuentra en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios: "Esta
regulación está pensada para el medicamento y, por ello, hay disposiciones que no se aplican a día de hoy, a pesar de que se crearon en 2006. No se incorpora la
innovación de productos incluidos en la prestación farmacéutica, ni nuevas empresas pueden vender productos financiados con receta".
En este sentido, preocupa especialmente que la clasificación de los productos sanitarios
no esté actualizada desde hace 16 años. Por este motivo, que el sector de la tecnología tenga una regulación propia que atienda sus peculiaridades se ha vuelto primordial. "Apostamos por incorporar la innovación y una
mayor apertura del mercado que lleve implícita la liberalización de márgenes de distribución y dispensación", ha afirmado Crespo.
Por último, Crespo ha aprovechado este encuentro para reclamar de nuevo el
IVA reducido para los productos sanitarios, ya que el 85 por ciento de los mismos
tributan al 21 por ciento, a pesar de que la tecnología sanitaria es considerada un bien de primera necesidad. "Lo deseable sería que todos los
productos sanitarios tributen al 4 por ciento. Reducir el IVA ahorraría más de 1000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS) para invertir en incorporar innovación", ha concluido el secretario general.
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