El Gobierno de
Canarias, a través de la reciente Ley 7/2023, ha reducido el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de los
productos sanitarios de manera generalizada. Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria,
Fenin, valoran esta decisión, ya que dicha reducción impositiva "mejorará el acceso de pacientes y hospitales a tecnologías sanitarias claves para la salud y calidad de vida de la población".
Por su consideración de “bienes esenciales” y dado que la
reforma de la directiva europea del IVA ya lo permite desde abril de 2022, Fenin viene solicitando a las administraciones que apliquen un
IVA reducido (en el caso del gravamen vigente en el resto del territorio nacional a todos los productos sanitarios.
Esta medida no solo mejoraría la accesibilidad a estos productos por pacientes y profesionales sanitarios, sino que permitiría, según estimaciones de la Federación, un
ahorro de más de 1.000 millones de euros al conjunto de servicios de salud que podrían ser revertidos en inversiones en innovaciones tecnológicas para el sistema sanitario público. Por ello, desde la Federación animamos al Ejecutivo nacional a seguir el ejemplo de Canarias y
reducir el IVA.
“Valoramos de forma muy positiva que el
Gobierno de Canarias haya reducido la fiscalidad de los productos sanitarios ya que, con ello, está facilitando el acceso de los pacientes y centros sanitarios a bienes de primera necesidad para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Esperamos que el Gobierno también aproveche las oportunidades que nos abre la nueva legislación europea y reduzca el IVA de todos los productos sanitarios”, apunta
Pablo Crespo, secretario general de Fenin.
IVA reducido a los productos sanitarios
La reducción del IVA en los productos sanitarios es una demanda muy repetida por parte del sector. "Oportunidades como esta permitirían incrementar en más de 1.000 millones de euros la capacidad de inversión de los centros sanitarios, posibilitaría la
incorporación de innovaciones que mejorarían la salud de los pacientes", defiende el organismo presidido por
Jorge Huertas.
No es la única medida que propone Fenin frente a la actual situación económica, ya que, por otra parte, apuntan a la "necesaria"
indexación de los contratos públicos sanitarios: "Problemas como la desindexación de los contratos públicos sanitarios, por la imposible aplicación de la Ley 11/2023 publicada en mayo del año pasado, requieren de una rápida y urgente revisión para volver a indexarlos al
IPC y asegurar la viabilidad de los mismos".
De hecho, el sector no está satisfecho con la indexación de ciertos
contratos públicos de suministro y servicios, donde se incluyen los suyos.
"Se trata de un
problema que no es exclusivo del ámbito sanitario y debería abordarse a nivel global para todos los sectores de la economía. Desde 2017 no es posible indexar por
indicadores generales los contratos; sin embargo, sí que se permite actualizar los importes de los contratos con justificación del incremento de los costes específicos (mano de obra, componentes...)", aseguraron fuentes del departamento que dirige
Mónica García a
Redacción Médica.
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