Redacción. Barcelona
La evaluación económica de intervenciones sanitarias (EEIS) ha alcanzado un fuerte desarrollo en Europa en la última década. La principal causa de este florecimiento se debe al papel impulsor que están desempeñando las autoridades públicas, utilizando estas herramientas como elemento clave en las estrategias de adopción y difusión de las innovaciones sanitarias.

El expresidente de la AES, Juan Oliva.

Para Juan Oliva, expresidente de la Asociación para la Economía de la Salud (AES), la evaluación económica cuenta con una amplia tradición en España, promovida tanto desde el punto de vista académico como por proveedores públicos y privados, sin olvidar el papel jugado por las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y por sociedades científicas profesionales.

Sin embargo, “existe ambigüedad respecto al papel que se quiere conceder a este tipo de herramientas en el proceso de toma de decisiones ligado a la financiación pública de tecnologías sanitarias (incluyendo medicamentos), en el establecimiento de los precios de estas tecnologías e incluso a la hora de diseñar políticas para el mejor uso de las mismas”, ha recalcado.

“La consecuencia de ello es que en otros países europeos, la evaluación económica de intervenciones sanitarias es reconocida por parte de los principales agentes sanitarios como una herramienta de utilidad en los procesos de negociación y uso racional de tecnologías en distintos niveles de la gestión (macro, meso y micro). En España es difícil conocer cuál es su impacto real sobre la toma de decisiones”, ha puntualizado.

Para el experto, y dado que el objeto de la evaluación económica es aportar información de utilidad a los actores sanitarios y reducir el grado de incertidumbre en el momento de tomar una decisión, “toda mejora en los métodos aplicados y en la información empleada en este tipo de análisis conlleva importantes mejoras en la aplicación de políticas públicas y, por ende, en la mejora del bienestar de los ciudadanos”.

La importancia de la evaluación económica reside en aportar un método que ayuda a dar respuesta a la tensión existente entre la necesidad de incorporar novedades terapéuticas, generalmente más efectivas y, por tanto, con un valor añadido o promesa de mejora de la salud, con el mayor esfuerzo presupuestario que suponen habitualmente para el sistema sanitario.

Ante esta situación, los responsables sanitarios han de conjugar el acceso a sus ciudadanos de aquellos avances terapéuticos que ayuden a mejorar su salud con la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios públicos.

Aunque existe un fuerte consenso sobre cuestiones técnicas en las guías de evaluación de las intervenciones sanitarias, hay aspectos que por ser más cercanos al ámbito normativo o porque se ha experimentado grandes avances metodológicos recientemente no existe este grado de coincidencia. Es el caso de la perspectiva del análisis y la valoración de los costes.

Proyecto del Grupo Key4Value

Sobre este asunto ha versado el primero de los tres artículos del Grupo Key4Value, un proyecto de colaboración formado por expertos en el área de la salud y el Departamento de Health Economics de Novartis, cuyo objetivo principal es identificar y priorizar líneas de investigación relevantes en el campo de la evaluación de tecnologías sanitarias. Los tres artículos han sido publicados en Revista Española de Salud Pública durante el primer semestre del año.

La perspectiva de la evaluación de tecnologías sanitarias y la valoración de los costes asociados fueron los primeros asuntos seleccionados. Según Oliva, primer firmante del artículo que abre la serie Key4Value, esta perspectiva “es la más relevante en aquellos sistemas que avanzan hacia la integración de la planificación y provisión de servicios sociales y sanitarios”.

No obstante también se debe tener en cuenta que las evaluaciones económicas se realizan para informar la toma de decisiones y el marco de responsabilidad del decisor puede condicionar su elección.

Como ha aclarado Oliva, “el financiador público puede considerar especialmente relevantes aquellos recursos financiados con presupuesto público. Por su parte, el financiador sanitario puede considerar más relevantes todos los recursos sanitarios, pero no tanto en cambio recursos empleados por los servicios sociales o las pérdidas laborales. Por su parte, un proveedor sanitario podría contemplar exclusivamente los recursos que son competencia de su centro”.

Así pues, se subraya la necesidad de trabajar en un marco donde las diferentes perspectivas se consideren de manera complementaria, no sustitutivas entre sí.

Durante la sesión de debate previa a la elaboración del artículo, los expertos participantes coincidieron en la necesidad de registrar los costes de forma desagregada para el financiador público, sanitario o centro proveedor, para así cubrir las necesidades informativas de cada uno de los decisores. También hubo consenso en la relevancia y la necesidad de la inclusión de la valoración monetaria de las pérdidas laborales y la de los cuidados informales, aunque se identificó una clara necesidad de profundizar en la investigación de la metodología para la valoración monetaria de las pérdidas laborales y la de los costes informales.

Tal y como ha explicado Oliva, “los dos métodos más usados para la valoración de las pérdidas laborales, el método del capital humano y los métodos de costes de fricción, presentan grandes diferencias de base teórica que lógicamente pueden condicionar los resultados de la evaluación. Existe la necesidad de incrementar los trabajos empíricos para continuar profundizando en una síntesis de los métodos actuales o investigar en nuevas alternativas”.