Covid-19 | "El contrato del Ingesa es inviable para las empresas españolas"

Los fabricantes nacionales de EPI aseguran que a estos pliegos solo podrán acceder compañías internacionales


28 jul 2020. 14.10H
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POR CRISTINA ALCALÁ | BORJA NEGRETE
España se está ‘rearmando’ para afrontar la segunda ola de coronavirus Covid-19. Una nueva etapa de la pandemia que viene registrando en nuestro país cerca de 900 nuevos contagios diarios, hasta alcanzar los 278.782 casos en total este lunes.

Un claro ejemplo de ello es la reciente licitación pública que ha lanzado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de aprovisionamiento de material de protección frente al Covid-19. Según el documento al que ha tenido acceso Redacción Médica, el contrato tiene un valor estimado de 2.009.746.694,48 euros (sin IVA) y el plazo de duración del acuerdo será de un año desde la fecha de su formalización (prorrogable expresamente antes de su vencimiento).

Fenin: "Es importante que los umbrales de solvencia no representen una barrera injustificada para el acceso a las licitaciones públicas"

Pero han sido sus condiciones las que han generado malestar entre los fabricantes del sector, especialmente porque consideran que este contrato podría excluir a las compañías nacionales y beneficiar a las internacionales, a pesar de los importantes esfuerzos de inversión que han realizado en la primera parte de la pandemia. 

“Los pliegos publicados incluyen unas condiciones en cuanto a solvencia, capacidad de producción y almacenamiento de posibles suministros que hacen prácticamente inviable a la mayoría de las empresas españolas poder concurrir a ellos”, explica a este medio Cardivais, única compañía española productora de batas y cobertura quirúrgica con fábrica en nuestro país, que considera que “solo serán accesibles para grandes compañías multinacionales”.

Una idea que comparte Fenin, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, quien asegura a este periódico que, por un lado, es “importante garantizar la solvencia de los proveedores para garantizar la calidad del servicio”. Pero también, “es importante que los umbrales de solvencia no representen una barrera injustificada para el acceso a las licitaciones públicas.

Criterios de solvencia económico-financiera y técnica


En concreto, el contrato del Ingesa establece como medio de solvencia económico-financiera, el volumen anual de negocios de las compañías, “referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas”. Y marca que los fabricantes deben superar un umbral mínimo y que “el importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio deberá ser igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes en los que participe”. 

Es decir, el contrato estipula que las empresas candidatas tienen que acreditar su solvencia económico-financiera a través de la presentación de las cuentas anuales y la declaración responsable del empresario, indicando el volumen de negocio global de la entidad, y que ésta debe ser igual o superior al precio ofertado en la licitación.

Por su parte, en el apartado de solvencia técnica, el documento especifica que el umbral mínimo será “el valor global de estos contratos, para cada uno de los lotes, igual o superior al de su correspondiente valor estimado de licitación (impuestos excluidos), y la suma total del importe de estos contratos deberá ser igual o superior a la suma del total de los presupuestos estimados de los lotes en los que participe”.

Producción con “preferencia” a las necesidades del SNS


En este sentido, las compañías fabricantes del sector no entienden por qué, tras importantes inversiones en maquinaria y obra de mano especializada para suministrar equipos de protección contra la pandemia, ahora se establecen unos criterios de licitación tan exclusivos y excluyentes en esta segunda oleada del Covid-19.

“Durante la crisis sanitaria, Cardivais ha hecho un esfuerzo para multiplicar su producción, suministrando más de 4 millones de batas quirúrgicas y otras especiales para Covid-19 a los organismos españoles que las han solicitado”, explican fuentes de la compañía a este medio, asegurando que, incluso, “han suspendido sus actividades de exportación, dando preferencia a las necesidades de nuestro país”.

De hecho, de cara a garantizar el suministro en caso de posibles rebrotes de coronavirus, la entidad ha firmado acuerdo con algunas cooperativas de integración social que colaboran en la fabricación y está en disposición de “adquirir más maquinaria y contratar a más trabajadores si fuese necesario para afrontar las nuevas necesidades”, manifiesta. 

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