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José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
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Javier Barbado. Madrid
El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad para regular los productos ortoprotésicos no se anda por las ramas: “Extraordinariamente confusa y falta de seguridad jurídica” porque fija un arbitrario importe máximo de financiación (IMF) que tiende a unificar los precios ofertados por las empresas y no incentiva que fabriquen materiales más eficientes.
Los autores del documento –que fue encargado por el departamento que encabeza Alfonso Alonso– proponen, en su lugar, un sistema de precios de referencia similar al que existe para los medicamentos desde 1997, o bien explorar las subastas por medio de concurso público en la provisión de esta clase de productos, que son implantes y ortopedias prescritos o suministrados en centros y hospitales.
Respecto a los precios de referencia, se recuerda que la idea se recoge, de forma expresa para las ortoprótesis, en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en concreto en su texto refundido de 2015.
Y en cuanto a la adquisición de estos productos por medio de concursos de selección transparente y objetiva –tal como se alude a ella en el informe–, se considera que, con ella, “se podrían determinar precios eficientes bajo esquemas de tensión competitiva entre oferentes, siempre que estuviese cuidadosamente diseñada la adquisición en cuanto a requisitos de acceso a los operadores, garantías de abastecimiento y dispensación, y los periodos temporales fueran adecuados en su duración sin que supongan un cierre del mercado a otros (…)”.
Método y criterio cuestionados
Competencia critica tanto el criterio como el método por los que se fija el IMF en el proyecto de orden ministerial, ya que, según sus redactores, no se ha especificado cómo se fija tal parámetro limitativo: “No existe detalle sobre la amplitud ni la representatividad de los datos recabados de precios de diferentes ortopedias más allá de haberse obtenido por internet, sin mayor especificación”.
Asegura, asimismo, que la intervención del mercado de ortoprotésicos por parte del Estado acorde al borrador de la normativa, tal vez sea justificada al tratarse de bienes financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo al contribuyente, pero echa de menos que se justifique en el proyecto legislativo y, en todo caso, la considera “cuestionable desde la óptica de la regulación económica eficiente y la promoción de la competencia”.
Acto seguido, propone que se valoren otras opciones interventoras de precios “de menor intensidad y amplitud regulatoria” para propiciar una mayor competencia.
ENLACES RELACIONADOS:
Acceda al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
El catálogo de ortoprotésicos, en su última fase (15/09/15)