El Gobierno ha dado luz verde al
Plan Complementario de Biotecnología, una nueva estrategia dirigida para potenciar
la medicina personalizada. El Ministerio de Ciencia e Innovación y cinco comunidades autónomas financiarán conjuntamente esta iniciativa que cuenta con un presupuesto total de
32 millones de euros para impulsar nuevas terapias avanzadas en el campo sanitario.
El Ejecutivo se encargará de sufragar la mitad del coste económico de este nuevo plan, mientras que el resto correrá a cargo de las comunidades autónomas de
Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura que se han sumado a esta iniciativa que se ha presentado en
Barcelona.
El objetivo es explorar la investigación y el desarrollo en el campo de la biotecnología para poder
avanzar hacia nuevos tratamientos individualizados. “Con este proyecto, el Gobierno y las comunidades autónomas participan en la revolución de la medicina, creando los instrumentos que
contribuirán a que todas las personas puedan acceder a la medicina personalizada de precisión en nuestro país”, ha subrayado la ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant.
El plan se centrará sobre seis grandes líneas de actuación de diferentes áreas del conocimiento. La
criomicroscopía electrónica, el análisis de
bases de datos, la plataforma de
cribado de fármacos, el desarrollo de
modelos biológicos para el estudio de moléculas terapéuticas, los
nanofármacos, las técnicas avanzadas para terapias o la formación quirúrgica y de
robótica médica son algunos de los puntos clave.
El Plan de Biotecnología complementará al PERTE
El Gobierno ha explicado que el proyecto estará integrado en el seno del
PERTE para la Salud de Vanguardia, el plan dirigido a reactivar la inversión en el sector tras la crisis del coronavirus. Esta iniciativa contará con una
inversión pública de 982 millones de euros y espera captar otros
487 millones del sector privado.
El de biotecnología es uno de los
ocho planes complementarios que reforzarán el PERTE. En total se movilizarán para diferentes áreas
444,7 millones de euros desde las administraciones públicas, de los cuales el
64% correrá a cargo del Ministerio de Ciencia e Innovación y el 36% restante lo aportarán las comunidades autónomas.
El Ejecutivo quiere reforzar así su estrategia de cogobernanza con las autonomías, antes de la aprobación de la reforma de la
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que incorporará nuevos mecanismos de coordinación científico-técnica entre las administraciones para mejorar la eficacia de los planes conjuntos.
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