La
deuda pública de las administraciones con el sector de tecnología sanitaria mantiene una evolución dispar en este 2023, tanto en la cuantía acumulada como en los plazos medios de pago. Así lo constata el
Observatorio de la Deuda Sanitaria de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), constituido por esta organización empresarial para monitorizar estos indicadores.
Actualmente, las comunidades autónomas mantienen, en su conjunto, facturas pendientes de abono a las compañías de Tecnología Sanitaria por un importe total de
1.144 millones de euros —datos a cierre de octubre—, lo que supone
un incremento del 30 por ciento respecto a la deuda acumulada al inicio de 2023 (844 millones de euros).
En el análisis por regiones, son
Comunidad de Madrid (219 millones de euros); Comunidad Valenciana (215 millones de euros); Andalucía (172 millones de euros) y Murcia (85 millones de euros) las que más volumen de deuda tienen, suponiendo, respectivamente, el
19,1 por ciento, 18,7 por ciento, 15 por ciento y 7,4 por ciento del total de esta deuda pública. No obstante, hay comunidades autónomas con un muy reducido nivel de morosidad, como La Rioja (7 millones de euros); Navarra (12 millones de euros); Asturias (20 millones de euros) y Extremadura (21 millones de euros), siendo las que mantienen las cifras más bajas.
Fenin se pone a disposición de las administraciones para reducir las actuales cifras, de cara a
asegurar la liquidez y viabilidad de las empresas del sector y establecer otras medidas fiscales y económicas que incentiven la actividad de las empresas.
Periodo medio de pago
Más allá de las cifras totales de deuda, otro importante indicador analizado por el Observatorio de la
Deuda Sanitaria de Fenin es el
periodo medio de pago (DSO, por sus siglas en inglés) de facturas por las administraciones sanitarias. En este sentido, el periodo medio de pago de facturas se sitúa en 96 días, lo que supone un incremento del 33 por ciento respecto al inicio de 2023, que era de 72 días.
Fenin valora positivamente los esfuerzos y compromiso de las comunidades autónomas por situarse y/o aproximarse a los plazos máximos que fija la legislación vigente. Y, en concreto, cabe destacar la
positiva evolución constatada en algunas regiones, como
Cataluña y
Castilla y León, que han reducido sus DSO en el último mes un 47 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, preocupa la situación de comunidades autónomas que
superan los 90 días de plazo medio de pago, destacando por encima de todas Murcia (203 días); Comunidad de Madrid (138 días); Comunidad Valenciana (133 días) y Cantabria (127 días).
La evolución de la deuda pública con este sector se ve agravada con el actual contexto económico marcado por una
elevada inflación, la subida de tipos de interés (encareciendo la financiación de las empresas) y el impacto del incremento de los costes de producción en la actividad del sector de tecnología sanitaria, lo cual repercute en la viabilidad de las compañías.
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