Carlos Cristóbal. Madrid
El pasado 10 de marzo, la Oficina Jurídica Sociosanitaria (OJS) presentaba una petición administrativa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para solicitar que la vacuna de la varicela pueda adquirirse nuevamente en las farmacias españolas bajo prescripción médica. Un mes después, la acción de esta organización, que ejerce como portavoz de una campaña ciudadana que cuenta con más de 107.000 apoyos, sigue sin recibir respuesta alguna por parte de la Administración.
“Estamos a la espera de que la Aemps se pronuncie”, ha puesto de manifiesto la OJS, donde se mantiene el optimismo porque “la razón jurídica es nuestro mejor aval”. No obstante, la entidad también reconoce estar preparada para “seguir adelante con las correspondientes acciones judiciales en caso de que sean necesarias”. En este sentido, cabe destacar que la Aemps dispone de tres meses para emitir una respuesta que, en caso de no producirse, se entendería como una desestimación por el llamado ‘silencio administrativo’.
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Belén Crespo dirige la Aemps.
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Las últimas declaraciones realizadas por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, han dejado la puerta abierta a una hipotética incorporación de la vacunación temprana de la varicela en el calendario nacional. Si bien ha calificado como “positiva” dicha hipótesis, la OJS considera que resulta igualmente importante que vuelva a permitirse su adquisición en las oficinas de farmacia “al encontrarnos en un sistema sanitario de colaboración público-privada”.
Dos razones sustentan su argumento a favor de la vuelta de la vacuna a las boticas. La primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de “acudir a mecanismos privados de protección de la salud, lo que a su vez genera un ahorro al erario público que puede ser destinado a cubrir otros gastos propios del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. A ella hay que sumarle el hecho de que de esta manera se aseguraría “de manera inmediata” permitir la vacunación de unos menores entre los que no solo se incluiría a los de uno y tres años, sino a todos aquellos que no han podido ser vacunados durante el bloqueo y posterior paso a uso exclusivamente hospitalario de la dosis.
En caso de no ser atendidos sus requerimientos y que la vacuna únicamente se incorpore al calendario, la oficina encargada de dar soporte legal a la campaña ciudadana encabezada por Beatriz Mato, madre de una niña afectada por una situación que se prolonga ya durante casi dos años, ha anunciado que “nos veríamos en la obligación de acudir a los tribunales de justicia en representación de los ciudadanos que desean la vuelta del fármaco a las boticas”.
“No quieren escuchar nuestros argumentos”
La voz del movimiento ciudadano centrado en el retorno de la vacuna, Beatriz Mato, también se ha referido al silencio que, por el momento, impera en la Administración tras la solicitud. “Siguen igual; no nos hacen caso y ni siquiera se molestan en escuchar nuestros argumentos”, ha asegurado antes de añadir que “somos los mismos que luego tendrán que ir a votar, primero en las elecciones autonómicas y luego en las generales”.
Con respecto a la postura abierta al diálogo sobre este tema ofrecida por el ministro en las últimas semanas, ha declarado que “mantengo la confianza en que el cambio de persona al frente de Sanidad suponga un cambio de rumbo, pero también es cierto que hace un mes decía lo mismo y seguimos igual”.
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