Una dupla García-Redondo para frenar la violencia de género desde el SNS

Tras la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad, la nueva ministra, Ana Redondo, se pone al frente de una de las carteras más polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Redondo es profesora de Derecho Constitucional y en estos momentos es concejala de Cultura y Turismo de Valladolid desde 2015. Uno de los retos a los que se tendrá que enfrentar, de la mano de Sanidad, es la detección de la violencia de género desde el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El documento 'Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Años 2018-2022. Actuaciones de la Administración General del Estado', presentado por Igualdad, fijó las líneas en las que debe trabajar el Ministerio de Sanidad, ahora liderado por Mónica García. Además, de mejorar la formación en género en los estudios de los profesionales sanitarios y en todos los planes de las especialidades del examen Médico Interno Residente (MIR), García y Redondo tendrán que trabajar de manera conjunta para desarrollar proyectos de formación continua de los trabajadores del SNS, donde haya contenidos dedicados a la sensibilización y formación en materia de prevención, detección y actuación en casos de violencias sexuales, así como en el tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y sus derechos. 

En esta misma línea, Igualdad ha dado 'un tirón de orejas' en más de una ocasión a Sanidad puesto que pueden tener la llave para la detección precoz de la violencia de género a través de la historia clínica. Sobre ello hay una solución concreta que todavía se está poniendo en marcha y que se trata de adoptar los protocolos sanitarios e historias clínicas para que, en caso de sospecha de que la sintomatología de una paciente pueda estar asociada a maltrato, se active la utilización de protocolos de cribado que permitan ayudar a la identificación de estos casos. En este caso, será fundamental la colaboración de las comunidades autónomas y sus sistemas sanitarios para dicho seguimiento. De hecho, este informe recomienda la posibilidad de introducir en la cartera de servicios la cirugía restauradora para aquellas víctimas de violencia de género que puedan precisarla.

Si bien en este informe emitido por el Ministerio de Igualdad se especifica que ya existen protocolos sanitarios, a nivel estatal y autonómico enfocados, en la detección precoz y prevención de esta lacra social; la principal problemática es que "hay una falta de aplicación de los mismos". Hace unas semanas, la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, acusó a los sanitarios de "fallar" a la hora de detectar casos de violencia de género."No es aceptable que haya víctimas que llevaban décadas acudiendo a los servicios de salud mental o Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ahí está fallando la detección", lamentó. 

Comunicación entre CCAA sobre violencia de género

Por otro lado, Redondo también será clave para abordar los problemas de comunicación entre las comunidades autónomas y los diferentes ministerios en esta materia. En un estudio de Fiscalización de las Actuaciones para la Prevención Integral de la Violencia de Género publicado por el Tribunal de Cuentas, también se puso el foco en que estas dificultades de entendimiento están imposibilitando que los esfuerzos en la prevención integral de la violencia de género lleguen a buen puerto.

El estudio, que abarca las actuaciones llevadas a cabo entre 2018 y 2022, revela que la coordinación entre las distintas instituciones es esencial para garantizar una protección adecuada a las víctimas de violencia de género en España y que el intercambio de información es "meramente formal". Por lo tanto, en la medida 95 del informe, que recoge la necesidad de implementar un plan estratégico para mejorar la comunicación y el intercambio de información entre las bases de datos informáticos de las diferentes administraciones públicas (centros penitenciarios, órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como centros sanitarios, centros de servicios sociales y bases de datos de permisos de armas).

En esta misma línea, el Tribunal de Cuentas confirma que los territorios valoran positivamente la relación con la Dirección General de Violencia de Género (DGVG), pero señalan que la colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es "mejorable".

¿Qué pasará con la reforma del aborto?

Una de las polémicas que dejó el hasta ahora ministerio de Montero fue la referente a la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que carecía de una de las medidas más anunciadas por la ministra de Unidas Podemos. A pesar de las expectativas que se habían generado desde Igualdad, esta reforma no garantizaba ni obligaba a los hospitales públicos a practicar abortos.

Se trata de una idea que distaba del discurso que Montero mantuvo durante toda la elaboración y tramitación de la reforma. Su pretensión era que las interrupciones voluntarias del embarazo estuvieran garantizadas en cada hospital del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, los centros deberían contar en sus plantillas con médicos no objetores de conciencia tanto en la sanidad pública como en la privada.

A pesar de que la reforma no especificó que en todos los servicios públicos se debía practicar la interrupción voluntaria del embarazo (solo se recoge que se debe proporcionar el acceso), Montero mantuvo la narrativa de que la falsa obligación de los hospitales de contar con personal para practicar estas intervenciones.

La redacción de esta reforma suscitó en su momento una problemática para este ministerio, cuyo liderazgo pasa de Montero, licenciada en Psicología, a Ana Redondo, licenciada en Derecho y doctora en Derecho Constitucional.