El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para crear una Comisión Interministerial, dependiente del Ministerio de Sanidad, por el que se velará por la incorporación "con criterios sociales" en la contratación pública.
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante su comparecencia en la que ha concretado que este organismo está dentro del marco de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas que establecen el nuevo marco jurídico en materia de contratación. Esta ley plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social.
El objetivo de esta Comisión será "seguir avanzando" hacia una contratación pública socialmente más responsable, "que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores". Para ello, el Gobierno prevé la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que incentiven a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable.
"Esta Comisión Interministerial va a permitir una actuación coordinada del sector público estatal en las actuaciones de incorporación de criterios sociales en la contratación", afirman desde Moncloa.
Todos los ministerios en la comisión
En esta Comisión, que estará adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estarán representados todos los Ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública. Para ello, la Comisión podrá elaborar propuestas y recomendaciones, que a su vez se podrán al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación.
Además, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.
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