E
l gasto público destinado a la sanidad se mantendrá constante a grandes rasgos durante el próximo bienio, pero el envejecimiento paulatino de la población llevará a las administraciones a reforzar esta partida en el medio plazo. Desde el
Ministerio de Hacienda argumentan que el relativo a la sanidad es una inversión especialmente “sensible” a los cambios en el “tamaño y la estructura” de la población, y concluyen que habrá que evaluar la situación para un correcto “diseño de la
política fiscal”.
Desde el Ministerio que dirige
María Jesús Montero inciden en que la distribución del gasto de las administraciones públicas quedó perfilado en el último Programa de Estabilidad, que establece un índice del
6,9 por ciento del PIB para los
ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Es, de hecho, el porcentaje que avanzó la mandataria socialista para la confección de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) del presente ejercicio. “Se contempla un escenario inercial y prudente”, alegó en octubre.
Hacienda especificó que, superados los efectos económicos de la crisis sanitaria y consolidada la recuperación de la actividad económica, con el apoyo de las reformas y los proyectos financiados con fondos europeos, tendría lugar un “
proceso de consolidación fiscal” que se alargaría hasta el ejercicio 2026. Este es el último año que prevé el Gobierno con el gasto
‘congelado’ en ese 6,9 por ciento.
En una reciente respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados, este departamento informó de que la
protección social se mantendría “como la principal función del gasto público” (concretamente, con un peso del 19,1 por ciento del PIB). “En general, se observa una
tendencia hacia la estabilidad del gasto en la mayoría de las categorías en los años siguientes, lo que permite al gobierno planificar y prever a largo plazo”.
Asimismo, destaca que “se seguirá invirtiendo en otras áreas importantes, como la
educación, la
sanidad y la protección del
medio ambiente”.
Más gasto sanitario por el envejecimiento de la población
Hacienda incide al respecto en que la evolución de determinadas partidas del gasto público, incluidas la relativa a la sanidad y las pensiones, “se verá determinada a largo plazo por el
envejecimiento de la población”. “Como generalmente la inercia demográfica es alta, evaluar los cambios en las proyecciones de gasto en estas partidas permite anticipar las inercias en el gasto futuro que deben tenerse en cuenta en el diseño de la política fiscal”, recoge.
En su
Programa de Estabilidad, el Ejecutivo calcula que el gasto público total asociado al envejecimiento de la población se situará en el 26,1 por ciento del PIB en el año 2050. “Incorporando la proyección del gasto en pensiones tras la aprobación de los dos bloques de medidas, así como las proyecciones de gasto en sanidad, dependencia y educación, se observa que debido al envejecimiento de la población el gasto total asociado al envejecimiento aumentará tres puntos de
PIB en el período 2022-2050”.
El gasto en sanidad y en cuidados de larga duración aumentarían, de manera conjunta, 1,8 puntos de PIB, y el de las pensiones en otros 1,7 puntos.
Reforma de la financiación autonómica
Fuentes del Ministerio de Hacienda ya avanzaron a
Redacción Médica que los cambios sociales marcarían también la
reforma de la financiación autonómica que pretende llevar a cabo en el medio plazo.
El objetivo es priorizar los
criterios sociales a los poblacionales, de forma que la sanidad disponga de una mayor ‘jerarquía’. Una de las claves será la estratificación por edades de las poblaciones, de forma que se puedan valorar, entre otros factores, la
cronicidad de las enfermedades.
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