Esta semana se ha cumplido el primer aniversario del
pacto entre PP y Ciudadanos que garantizaba el voto favorable de la formación naranja a la investidura de
Mariano Rajoy y en cuyas negociaciones participó la que después sería ministra de Sanidad,
Dolors Montserrat. En el
documento suscrito por los dos partidos recogía
10 compromisos en materia de sanidad: copagos, fondo de cohesión, aumento de la inversión sanitaria, reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, resarcir a las víctimas de la talidomida, mejorar los servicios rurales, impulsar la innovación y aprobar una ley de muerte digna. Un año después algunos asuntos, como la compensación a las víctimas de la talidomida, parecen encarrilados; otros se han cumplido a medias, como el aumento de los fondos de cohesión; y algunos se han descartado, como la modificación de los copagos.
En este último caso, un posible cambio en los tramos del
sistema de copagos generó una gran polémica y obligó a la ministra de Sanidad
a desmentir que se fuera a hacer ninguna modificación. El acuerdo con C’s recogía que el copago no debía ser "una barrera de acceso a los medicamentos", hecho que recordó
Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, a Montserrat en una Comisión de Sanidad específica sobre el tema.
Tras la negativa de Montserrat,
C’s llevaba a la Comisión de Sanidad del Congreso una propuesta para concretar los cambios en los tramos y forzar al PP a posicionarse. Tras anunciar este partido un texto de consenso con los de Rivera, el presidente de la comisión,
Patxi López, aclaraba que dicho documento nunca había llegado a la mesa y por lo tanto no podía debatirse. Al final, C’s tuvo que conformarse con la
aprobación de un único punto que defendía que “el copago no sea una barrera de acceso a los medicamentos”. El resto de puntos, que debían aclarar el cómo y cuándo se garantiza este compromiso, fueron rechazados.
Avances en talidomida
Uno de los acuerdos que parece encarrilado y que puede dar sus primeros frutos antes de que acabe el año es el que tiene que ver con reparar la situación de los
afectados por la talidomida de Grünenthal. El pacto recogía que se desarrollara
un registro de afectados y se comenzara a indemnizar a las víctimas, además de iniciar un periodo de negociaciones con la farmacéutica para que asumiera responsabilidades.
Justo antes del parón estival, el secretario general de Sanidad,
Javier Castrodeza, anunciaba que el registro estaría listo para finales de este año y que los
Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluirían una partida para indemnizar a las víctimas. A la rueda de prensa, además de los representantes de las víctimas, se sumaba Francisco Igea que se alegraba de que se cumpliera este punto del pacto.
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Si hay un punto sobre el que Ciudadanos ha insistido es en el de mejorar la transparencia del sistema sanitario
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Fondo de cohesión
Si bien el pacto de investidura incluía la
recuperación del Fondo de Cohesión, aunque se presentara con el nombre de fondo sanitario, los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 reducían las expectativas de Ciudadanos. En el acuerdo
se incluían 100 millones anuales para llegar a un total de 400 durante toda la legislatura. Las cuentas para este año incorporan una dotación de cuatro millones de euros destinados a la cohesión del sistema sanitario. En cuestiones como la
receta electrónica, el ministerio se ha comprometido a destinar una partida específica. Además, mantiene el compromiso de desarrollar la plataforma de compras centralizadas.
Transparencia
Si hay un punto sobre el que C’s ha insistido es en el de mejorar la
transparencia del sistema sanitario. Su propuesta pasa por incluir
indicadores a escala de hospital para conocer qué funciona bien y qué mal y proponer mejoras en su funcionamiento. Aunque el
PP ha apoyado estas pretensiones, el Plan Nacional de Transparencia Sanitaria todavía está lejos de concretarse.
Precariedad
Uno de los primeros problemas que tuvo que enfrentarse Dolors Montserrat al llegar al ministerio fue el de la
temporalidad en el sistema sanitario. En este caso, la motivación fue más las sentencias europeas contra España que lo acordado en el pacto de investidura y la responsabilidad de arreglar el desaguisado más del responsable de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que de la titular de Sanidad, con escasas competencias sobre la materia.
Finalmente, se ha anunciado una
Oferta Pública de Empleo (OPE) para consolidar casi 130.000 interinos que pasarán a ser fijos. El objetivo es mantener la temporalidad por debajo del 8 por ciento.
Ley de muerte digna
En marzo, Ciudadanos se adelantaba al PSOE y conseguía que el Pleno del Congreso admitiera la tramitación de su
Propuesta de Ley para regular la muerte digna. Un debate en el que no faltó la polémica ya que apenas una semana antes el mismo Pleno rechazaba
la propuesta de Unidos Podemos para tramitar una
ley de eutanasia. La formación morada trató de que se incluyera su propuesta en la tramitación de la ley de C's, pero la formación naranja lo rechazó con el argumento de que son cuestiones diferentes. El PP aceptó que se debatiera la ley de muerte digna en cumplimiento del pacto de ambas formaciones.
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