El
Tribunal de Cuentas ha ‘tirado de las orejas' en su último informe de fiscalización al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante la etapa comprendida entre los años
2014 a2016por un contante de 36 contratos los cuales se han ejecutado “con incidencias” por cuestiones de ampliaciones de plazo, suspensiones, demoras o modificaciones sin notificar, entre otras razones.
El informe corresponde al ‘antiguo’ ministerio puesto que analiza el periodo 2014 a 2016, cuando eran ministros de este departamento,
Alfonso Alonso, Fátima Bañez (en funciones) y Dolors Montserrat, y abarca un contante de
15.614.430,37 euros en dichos contratos lo que supone un 13,43 por ciento del total analizado por este organismo que asciende hasta los
907.228.400,52 euros.
En total, las incidencias examinadas por el Tribunal de Cuentas son 317 siendo la mayor parte de ellas correspondientes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con un total de 120.
Se trata de un análisis de 7 ministerios en esa etapa: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Economía y Competitividad; Empleo y Seguridad Social; Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo; y
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
"Un seguimiento más riguroso"
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El Tribunal recomienda a los órganos de contratación mayor rigor en la planificación y en las actuaciones previas a la contratación
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Para que esto no vuelva a ocurrir,
el Tribunal de Cuentas recomienda a todos los organismos presentes (entre los que se encuentra el de
Sanidad) un mayor rigor en la planificación y en las actuaciones previas a la contratación, “con el objetivo de asegurar la mejor descripción técnica de las necesidades a cubrir, una correcta presupuestación de los contratos y la mayor diligencia posible en la elaboración
, coordinación administrativa y supervisión de los proyectos de obras”.
“Se debe efectuar un seguimiento más riguroso de la ejecución de los contratos de acuerdo con los pliegos y las necesidades reales existentes en cada momento, en defensa del interés público”, recomienda el organismo internacional. También apuesta por que, cuando se produzcan “deberían exigirse las correspondientes responsabilidades o
imponerse las penalidades o sanciones establecidas en los pliegos y en la legislación vigente en los casos en que resulte procedente”.
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