El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la
nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La composición está marcada por tres cambios fundamentales que establecen el orden orgánico básico de los departamentos ministeriales, entre los más importante de ellos la ampliación de las competencias del Consejo Asesor de Sanidad, que pasa a denominarse
Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales y que actuará como órgano consultivo y de asistencia para
Carmen Montón, ministra de Sanidad.
Además, también se ha aprobado la
creación de la nueva Dirección General de Consumo. Un órgano que asumirá las competencias de Consumo, con el fin de dar un nuevo impulso a la actividad dirigida a garantizar un nivel elevado de
protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, mediante una gestión eficiente y transparente, a través de una unidad de criterio que contribuya a reforzar la confianza de los ciudadanos.
En el Consejo también se ha aprobado un mandato para crear el Observatorio de Salud de las Mujeres. Un nuevo organismo que tendrá como finalidad la mejora del conocimiento de las causas y determinantes de la salud de la mujer así como la difusión de conocimientos que contribuyan a promocionar servicios de calidad adecuados y la promoción de análisis y estudios en colaboración con los agentes sociales implicados para conseguir logros en la salud y en la calidad de vida de las mujeres.
Gran reestructuración y nuevas competencias
Esta reestructuración obedece a la necesidad de reconocer el ámbito de actuación específico de las cuestiones de la sanidad, el bienestar y el consumo. Por ello, se encomienda a los poderes públicos, garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En el caso del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, estas reestructuraciones y nuevas competencias en materia social quedan justificadas por la vinculación existente entre determinadas políticas sanitarias y colectivos que precisan de una mayor protección social como son los enfermos crónicos o las personas con discapacidad.
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