La
Seguridad Social, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ha comenzado a
enviar cartas a empresas y autónomos en las que advierte de que tienen un número elevado de contratos a tiempo parcial que cree que no se ajustan a la realidad. Según ha podido saber
Redacción Médica, estas misivas también
han llegado a las administraciones sanitarias, aunque el Ministerio de Trabajo no desvela qué centros las han recibido por una cuestión de protocolo por parte de la Inspección.
En el segundo Consejo de Ministros que se celebró en agosto, ya se anunció que se iba a poner en marcha la segunda fase del
Plan Director por un Trabajo Digno. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones,
Magdalena Valerio, anunció que entre agosto y diciembre de 2019 se iban a remitir
85.000 comunicaciones (un 4 por ciento más que en 2018) a empresas en las que se aprecian
indicios de fraude, afectando a 238.015 personas trabajadoras (un 81,9 por ciento más que en 2018). Todas ellas serán objeto de evaluación en enero de 2020.
Concretamente, anunció, se enviarían
47.737 comunicaciones contra la contratación temporal fraudulenta (un 17 por ciento menos) que afectarían a 89.285 personas (un 11,2 por ciento más); y contra los
abusos en la contratación a tiempo parcial: 37.263 comunicaciones (un 35,3 por ciento más) y 148.730 personas trabajadoras afectadas (un 195,6 por ciento más).
Registro horario
Estas cartas llegan cuando se cumplen ya más de cuatro meses de la entrada en vigor del
registro obligatorio de jornada, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para
controlar las horas de más que se trabaja sin remuneración. Se enmarcan, por tanto, dentro del Plan director por un Trabajo Digno, que lucha contra la utilización indebida de la contratación a tiempo parcial.
Dentro del sector sanitario, esta normativa
solo afecta a los trabajadores de la sanidad privada y al personal laboral, esto es, a los trabajadores en formación como los MIR. Sin embargo, los sindicatos que representan a los MIR han denunciado en innumerables ocasiones que
apenas se está realizando el registro obligatorio.
Por su parte, el secretario general de
ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española),
Carlos Rus, afirmaba a este periódico que "una vez que se forme el nuevo Gobierno
" propondrán oficialmente modificar esta legislación para el sector sanitario. "Es una norma que empodera a los sindicatos y que casa difícilmente con la realidad sanitaria".
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.