El PP rechaza dotar de financiación la estrategia nacional contra la enfermedad

El PP tumba la proposición no de ley del PSOE para poner en marcha un plan estratégico nacional contra la hepatitis C y dotarlo de presupuesto a través del Fondo de Cohesión Sanitaria

Martes, 10 de febrero de 2015, a las 21:10
Cristina Alcalá. Madrid
La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados ha tumbado la proposición no de ley que el PSOE ha presentado este martes ante la Cámara Baja, donde pedía crear un plan de acción frente a la hepatitis C y dotarlo de una partida presupuestaria a través del Fondo de Cohesión Sanitaria. Solo el Partido Popular ha votado en contra de la propuesta, mientras que Izquierda Unida, UPyD, CiU, PNV y el Grupo Mixto sí que lo han hecho, además de incluir enmiendas por parte de algunas de ellas. El resultado final ha sido de 179 votos en contra, 147 a favor y 7 abstenciones.

En la defensa de la iniciativa, el portavoz socialista de sanidad, José Martínez Olmos, ha explicado que es “imprescindible poner en marcha un plan, a nivel nacional, para dar garantía a los pacientes, tanto en nivel de prevención, como de detención precoz y atención sanitaria”. “Pero con la financiación sanitaria”, ha añadido, ya que, en su opinión, “no se puede empezar una estrategia si no hay garantías de financiación”.

“El Gobierno ha actuado a empujones y nos parece ineficaz el planteamiento que está haciendo. Ha desatendido la reivindicación que le hicimos los grupos parlamentarios y las sociedades científicas, además de no negociar bien el precio de estas terapias”, según Martínez Olmos. “Tiene que rectificar y pedir disculpas por el retraso. Ya ha costado muchas vidas”.

Acotar este presupuesto para no dar “armas a la industria”, según el PP

Sin embargo, el diputado socialista se ha encontrado con el ‘no’ presentado por el Grupo Parlamentario Popular. La portavoz del PP en sanidad, Teresa Angulo, asegura que la oposición “maneja, de forma malintencionada, las cifras” y defiende la actuación llevada a cabo por el Gobierno, ya que no solo “está trabajando intensamente para incorporar a la financiación pública los nuevos tratamientos que se van aprobando”, sino que además, ha dado luz verde a la elaboración de un plan estratégico para el abordaje de esta enfermedad a nivel nacional, contando con las sociedades científicas, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes.

Y mientras se aprueba esta hoja de ruta,  “España es uno de los pocos países que han incorporado, poco a poco, las últimas innovaciones contra la hepatitis C”, ha defendido Angulo, para administrarse a los pacientes que cumplan con los criterios clínicos establecidos, por lo que estos enfermos no quedan desatendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los populares no han apoyado la iniciativa del PSOE al considerar que “el plan del Ejecutivo es más amplio” y que la cuestión de la financiación debe llegar después de conocer cuántos afectados hay en España, por lo que hay que acotar este presupuesto para no dar “armas a la industria”.

Apoyo del resto de los grupos parlamentarios

A pesar de no ver la luz, PNV, UPyD e IU han mostrado su apoyo a la iniciativa socialista. El diputado vasco, Joseba Aguirretxea considera que el precio que el Ministerio ha negociado con las farmacéuticas por los medicamentos es “demasiado alto” y que “pone en peligro la sostenibilidad de la financiación de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas”. Por lo que insta a Sanidad a renegociar el precio de las terapias para que sean asumibles por las autonomías.

Una idea que comparte Gaspar Llamazares (IU), al considerar que el alto coste de estos fármacos “afecta a la viabilidad del futuro del SNS”. “Tenemos la capacidad de erradicar la enfermedad y el problema está en el precio abusivo de una multinacional”, ha denunciado. “¿Para quién trabaja ustedes, señores del PP? ¿Para la farmacéutica o para los pacientes?”, ha añadido el diputado de UPyD, Toni Cantó.

Por su parte, y aunque no ha presentado enmiendas al respeto, Conxita Tarruella, de CiU, ha pedido que, después del acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial, debería haber financiación para este problema, ya sea porque provenga del Fondo de Cohesión Sanitaria, del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) o de cualquier otra partida específica.

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