En el
acuerdo firmado por Unidas Podemos y el PSOE se contempla un
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público para "mejorar el acceso", así como agilizar los procesos, la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la clasificación profesional. Los sindicatos de clase reivindican una serie de cambios para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios.
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), explica a
Redacción Médica siete modificaciones que el nuevo Gobierno debería llevar a cabo, con las que también coinciden UGT y CCOO.
Desarrollo de las Leyes de Función Pública. La regulación del Estatuto Básico del Empleado Púbico tiene el carácter de norma estatal básica para todas las administraciones públicas españolas, si bien es necesaria su adaptación en los distintos ámbitos mediante el desarrollo de las Leyes de Función Pública, por lo que CSIF exigirá el desarrollo normativo de todas las Leyes de Función Pública previa negociación colectiva.
Regulación de la carrera profesional para todos los empleados públicos. "El EBEP establece en sus artículos 16.3 y 17 el derecho de los funcionarios de carrera a la promoción profesional, definiendo la carrera horizontal como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad", señala Javier Martínez, presidente del Área de Sanidad, que añade: "Hasta la fecha el desarrollo de carrera profesional ha sido objeto de negociación y posterior aplicación en ámbitos territoriales y sectoriales muy concretos. Es por ello que CSIF exigirá la negociación de la carrera profesional en todos los ámbitos y territorios para su aplicación a todos los empleados públicos conforme determina el Estatuto Básico del Empleado Público".
Clasificación profesional en Sanidad
También reclaman la
adecuación de los Grupos de clasificación a las nuevas titulaciones para el acceso a la función pública. "El artículo 76 del TREBEP regula los grupos de clasificación del personal funcionario de carrera. Por otro lado, la disposición transitoria tercera del citado texto legal condicionó la entrada en vigor de la nueva clasificación profesional hasta que se generalizase la implantación de los nuevos títulos universitarios para el acceso a la función pública", explica Martínez.
El establecimiento de la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos es una de las prioridades para CSIF
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"Una vez implantado desde 2010 de manera definitiva el
Plan Bolonia deberán actualizarse dichos grupos de clasificación, incorporando al Grupo B todos aquellos colectivos de funcionarios de carrera que desempeñen funciones atribuidas a las nuevas titulaciones para el citado grupo de clasificación", denuncia.
"La clasificación profesional tiene que adaptarse al modelo europeo, en base a los créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)", reivindica Antonio Cabrera, secretario general de la FSS-CCOO, que también considera necesario
"causalizar la contratación para que no vuelva a haber otra vez un 40 por ciento de precarización en el empleo".
El
establecimiento de la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos es otra de las prioridades para la Central Sindical. El II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo suscrito por CSIF con el anterior Gobierno, señala CSIF, estableció la posibilidad de que cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podría establecer en sus calendarios de trabajo otras jornadas laborales.
"Hasta la fecha son solo unas pocas CCAA las que han establecido la jornada laboral de 35 horas en sus ámbitos territoriales. Es por ello que desde CSIF se va
exigir al nuevo Gobierno y a los Gobiernos de las distintas CCAA el establecimiento con carácter general de la jornada laboral de 35 horas semanales como actuación generadora de empleo público y recuperadora de los derechos laborales de los empleados públicos", advierten. Los sindicatos también advierten de las desigualdades que también surgen en cuestiones como "la carrera profesional, las retribuciones o los baremos".
Ofertas Públicas de Empleo
CSIF también demanda la
regulación del sistema de cobertura de plazas en las distintas administraciones públicas. "Exigiremos que el TREBEP, en su condición de norma estatal básica,
También exigirá la regulación de la bolsa de horas para la conciliación familiar
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establezca que todas las plazas convocadas en las distintas ofertas de empleo público deben ofertarse en primer lugar a concurso de traslados entre los funcionarios de carrera, posteriormente a los funcionarios que hayan superado la promoción interna y por último a los funcionarios de nuevo ingreso", advierten.
Para CCOO, es indispensable "
eliminar la tasa de reposición para que se recupere el empleo perdido y es necesario porque se está dando un mal servicio público por falta de personal". En ello coincide Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT, que advierte: "Si no se repone por encima del 100 por 100 no se va a recuperar el empleo fijo" . Además, advierte de la "falta de agilidad de resolución de las OPE, que acaban superponiéndose".
Ambos abogan también por legislar sobre la jubilación. "Hay que desarrollar la jubilación parcial con contrato de relevo, que está previsto pero no ha avanzado. Pedimos que igual que se ha desarrollado para la población en general, que para los empleados públicos también tengamos esa posibilidad", revincia Álvarez, a lo que Cabrera añade: "Hay que estudiar las posibilidades de jubilación anticipada para algunos colectivos en los que prima la turnicidad y las guardias".
También exigirán el
desarrollo y regulación en todos los ámbitos de la bolsa de horas para conciliación familiar y aprobación de los
planes de igualdad.
El II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo suscrito por CSIF con el anterior Gobierno estableció la posibilidad de que cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un
5 por ciento de la jornada anual, "con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine, y dirigida de forma justificada a la atención a medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen", recuerda CSIF.
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