Seis CCAA no publican qué hacen sus servicios de salud frente al tabaquismo

El Gobierno ha remitido un informe al Congreso de los Diputados en el que hace una evolución del impacto de la Ley Antitabaco entre 2011 y 2014. El texto señala que los servicios de deshabituación "en líneas generales fueron muy demandados por parte de los ciudadanos".
 
No obstante, en el anexo que recoge la actividad de las comunidades autónomas se muestra que seis autonomías (Aragón, Asturias, Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra) no han aportado ningún tipo de información sobre los programas que llevan a cabo contra el tabaquismo.
 
Entre las comunidades autónomas hay formas tan diversas de medir como diferentes son los servicios que ofrecen. Por ejemplo, Cataluña recoge que 144.597 personas atendidas en centros de Primaria dejaron de fumar entre 2013 y 2014. En el caso de Andalucía, recalca que en Primaria se han registrado a 1.347.711 personas como fumadores de las que 29.093 han dejado el hábito.
 
En Cantabria, por su parte, no se señala cuántas personas han abandonado el hábito y recoge que entre Atención Primaria y la Unidad Especializada de Deshabituación Tabáquica se atendieron a 1.354 personas en 2013, pero de 2014 no hay datos. La Rioja recoge que "la Red de Atención Primaria tiene un papel fundamental en el abordaje del consumo de tabaco debido a que es la puerta de entrada al sistema sanitario público ", aunque sólo específica que 59 personas fueron atendidas por el servicio de Quitline (teléfono gratuito con orientación psicológica) entre 2013 y 2014. Castilla y León, 29.992 personas fueron atendidos en el servicio de deshabituación tabáquica de Atención Primaria.
 
Murcia indica que desde Atención Primaria se ha preguntado en 2014 a 386.438 personas sobre si fumaban, llegando a la conclusión de que lo hacían 76.429 y ofreciendo ayuda a 3.867. En Valencia, únicamente se indica que 3.542 personas hicieron uso de las Unidades de Conductas Adictivas entre 2013 y 2014. Algo similar ocurre en Castilla-La Mancha que revela que en esos años 3.278 pacientes fueron incluidos en "Deshabituación Tabáquica".
 

La implementación de la Ley 28/2005 se relaciona con un descenso del 15% en las hospitalizaciones por EPOC

En Canarias, 32.356 pacientes se incluyeron en el servicio de registro, diagnóstico y tratamiento en 2014. Extremadura cifra en 676 pacientes los atendidos, aunque no queda claro si es en Atención Primaria o Especializada. Por último, Madrid apunta a que realizó 11.781 consultas a un total de 2.006 fumadores.
 
Evaluación de la ley
 
Los datos de prevalencia en tabaquismo revelan que en 2014 había una prevalencia del tabaquismo del 25,4 por ciento frente al 27 por ciento de 2011, año del inicio de la ley. En hombres, la prevalencia era del 30,4 por ciento, mientras que en las mujeres se situaba en el 20,5 por ciento. Además, revela un hecho evidente: las concentraciones de nicotina en locales  de hostelería disminuyeron un 90 por ciento.
 
Sobre si la ley ha afectado a la morbilidad, el informe subraya que "los estudios realizados en España muestran que la implementación de la Ley 28/2005 se relaciona con un descenso del 15 por ciento en las hospitalizaciones por EPOC". La modificación de 2010 "se asocia a un descenso" de ingresos por infarto, cardiopatía y asma, aunque apunta a que "sin llegar a ser estadísticamente significativos".
 
Controversia en la publicación
 
El documento está fechado en junio de 2016, pero se ha registrado en el Parlamento el 30 de diciembre, dos meses después de que el PSOE lo solicitara mediante una pregunta escrita. Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, no sabe si atribuirlo a que "el Gobierno tenía el informe y no lo quiso publicar o ha hecho el informe tras haber realizado la pregunta parlamentaria y luego ha cambiado la fecha". 

El propio Fernández ha registrado dos nuevas preguntas ante el ultimátum de dos meses de la Comisión Europea para cumplir la trasposición de la directiva europea sobre productos del tabaco. En caso de no hacerlo, avisa de que se puede llevar el caso al Tribunal de Justicia Europeo. El diputado pregunta al Ejecutivo "en qué situación se encuentra el proceso de trasposición de la directiva" y cuándo tiene previsto "el Gobierno trasponerla al ordenamiento legal español".