Sanidad y Servicios Sociales: el modelo autonómico que marca el nuevo rumbo

La Ley General de Sanidad del año 1986 da a luz un nuevo modelo de sistema sanitario español. El texto, sucesor de las normativas actuales con efectos en el sector, planteó una descentralización de la sanidad donde las comunidades autónomas asumían la gestión, organización y administración de los servicios sanitarios dentro de sus territorios. Hablamos de competencias como la creación de los propios Servicios de Salud, la gestión de programas preventivos o la ordenación de los recursos humanos en el ámbito sanitario.

Fue en las Consejerías (o Departamentos) de Salud o Sanidad regionales donde recayó tal responsabildad, comenzando así una nueva era. Han pasado 40 años. Las necesidades asistenciales han cambiado y cada territorio ha optado por modelos de gestión diferentes, en los que la relación entre las políticas sociales y sanitarias ha variado indudablemente.

Actualmente, la mayoría de Gobiernos autonómicos optan por dividir las carteras de Salud y Servicios Sociales. Solo uno, a día de hoy, gestiona a través de una sola mirada ambos bastiones presupuestarios: La Rioja. Por otra parte, cuatro territorios optan por una integración alta o media de las políticas sociales en las Consejerías de Sanidad y once apuestan por diferenciar las competencias sociales en un departamento y las sanitarias en otro, aunque ningunda delega la coordinación sociosanitaria.

Sin embargo, la tendencia está cambiando. Ejemplo de ello son los nuevos Gobiernos definidos en Castilla y León y Extremadura. El primero estará constituido por una Consejería de Sanidad y Bienestar Social y el segundo por una Consejería de Salud y Atención a la Dependencia. ¿Puede significar esto un cambio de rumbo en la estructuración de competencias? Por ahora, es muy pronto para responder a esta pregunta. No obstante, lo que sí se puede afirmar es que la unificación plena de ambas políticas es posible, y el Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán lo sabe.

La Rioja, ejemplo de gestión sociosanitaria 'a una'

La Consejería de Salud y Políticas Sociales de La Rioja tiene competencias en materia de planificación, gestión y desarrollo de políticas sociales para toda la población y especialmente para los más vulnerables. Se trata de políticas dirigidas a Mayores, Discapacidad, Dependencia, Familia, Infancia y Adolescencia, Protección de menores, Mujer e Igualdad. Y, aunque no son competencias propiamente del sistema de Servicios Sociales, se incluyen servicios de gran impacto social como los propios de Justicia e Interior, Protección Civil y Emergencias.

Como se puede observar, es un modelo que abarca mucho más allá de lo sanitario, y todo tiene un porqué. "Teníamos claro que las políticas públicas están al servicio de las personas y, por tanto, son los diferentes sistemas los que tienen que acercarse y resolver sus necesidades. Ambas áreas están estrechamente relacionadas. La salud de cada ciudadano depende en gran medida de su genética y su entorno y, en menor porcentaje, del sistema sanitario. Por tanto, la mejor manera de conocer sus circunstancias para poder resolver sus problemas es tener la mirada completa desde el punto de vista físico, mental y social", explican a Redacción Médica desde el departamento encabezado por María Martín. 

"Para poder dar respuestas eficaces, es necesario cambiar el modelo asistencial y actuar de forma coordinada desde Salud y Sociales"

Desde su punto de vista, la principal ventaja de optar por la unificación sociosanitaria es "el conocimiento más extenso de cada persona y su necesidad, pudiendo prevenir, diagnosticar, tratar y cuidar, es decir, ayudar, de una manera más profunda y segura". "Para poder dar respuestas eficaces, es necesario cambiar el modelo asistencial y actuar de forma coordinada desde Salud y Sociales", aseguran.

La convivencia de estas responsabilidades en una misma Consejería "permite una coordinación mucho más estrecha entre los distintos agentes que intervienen en la política social y la sanitaria, lo que se traduce en una mejor gestión de los recursos disponibles". "El que profesionales de ambos sectores trabajen juntos, se conozcan e intercambien puntos de vista, conocimiento y propuestas de mejora, enriquece a ambas partes, pero, sobre todo, gana el ciudadano al recibir una respuesta más ágil y coherente a sus necesidades, y una atención más integral y humana. Sin duda, la eficacia y la eficiencia se multiplican con beneficios para el ciudadano y también para el sistema", apuntan.

Un conjunto de afirmaciones basado en la experiencia. La eficacia y eficiencia de este modelo se observa, por ejemplo, en el el circuito que han podido establecer para atender a los enfermos de ELA riojanos, para los que el tiempo de respuesta es crucial: "Hemos logrado que las prestaciones económicas y de apoyo profesional se les concedan en un tiempo récord, eliminando burocracia y ganando en eficacia y humanidad".

La coordinación ha sido también clave en otros proyectos como el de Atención a las residencias de mayores, liderado desde Atención Primaria con la participación de muchas otras unidades del Servicio Riojano de Salud (Seris) y que se ha traducido en "una mejor atención de los mayores y en menos ingresos hospitalarios". "Es una iniciativa que ha merecido un reconocimiento del Ministerio, como lo ha ganado también la Unidad móvil bucodental para atender a personas vulnerables que no pueden trasladarse a una consulta de dentista, que hemos puesto en marcha recientemente", señalan.

Ejemplos de unificación y de separación competencial

Aun así, La Rioja no es la única comunidad autónoma que apuesta o ha apostado por la unificación competencial en un solo departamento. La Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura era, hasta hace poco, otro claro ejemplo. Estaba formada por cuatro órganos directivos diferenciados: la Secretaría General; la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias; la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia; y la Dirección General de Accesibilidad y Centros.

Por lo pronto, tras las elecciones del pasado mes de diciembre, el nuevo Gobierno (PP-Vox) ha optado por la modificación competencial del departamento, que volverá a ser dirigido por Sara García Espada. Eso sí, se llamará Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, por lo que esta delegación clave seguirá en manos de la cirujana extremeña. 

"La Junta de Extremadura está impulsando un cambio de modelo en la atención a la ciudadanía basado en la integración real entre el sistema sanitario y el sistema de dependencia. Por primera vez, se ha logrado conectar de forma efectiva el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) con el Servicio Extremeño de Salud (SES), lo que supone una simplificación directa para los ciudadanos", detallan a Redacción Médica fuentes de la Consejería. 

Hasta el momento, ambos ámbitos funcionaban de manera independiente, sin coordinación, "pese a que muchas personas necesitan simultáneamente atención sanitaria y apoyo en dependencia". "En esta legislatura se ha trabajo para eliminar esa separación y avanzar hacia una gestión conjunta centrada en el usuario", apuntan. 

El resultado, señalan, "es un modelo integrado que conecta niveles asistenciales, une sistemas y elimina barreras entre sanidad y servicios de atención a la dependencia". Un enfoque que "responde a una realidad clara: las personas no viven sus necesidades de forma fragmentada, sino de manera global, y el sistema público debe estar preparado para dar una respuesta coherente y continua".

"El modelo integrado extremeño conecta niveles asistenciales, une sistemas y elimina barreras entre sanidad y servicios de atención a la dependencia"

Según explican, "este nuevo modelo sitúa al ciudadano en el centro y marca una línea estratégica basada en la colaboración, la eficiencia y la atención integral". "Al inicio de esta segunda legislatura afirmamos con rotundidad que el muro que separaba al Sepad y al SES hoy no existe. El trabajo conjunto a beneficio del usuario es la clave del cambio en la gestión", reiteran. 

Hoy, Extremadura tiene "un modelo integrado, un modelo que conecta niveles, que une sistemas, que derriba fronteras entre la sanidad y los servicios de atención a la dependencia". De todas formas, ese refuerzo de la dependencia irá acompañado de una delegación de las políticas sociales que gestionaba el departamento a la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, liderada por Vox.

La tendencia contraria se ha dado en Castilla y León. La Consejería de Sanidad de Alejandro Vázquez, una vez firmado el acuerdo entre el PP y Vox, ha pasado a dirigir las políticas orientadas al Bienestar Social, como la atención a la dependencia y todo lo relacionado con servicios sociales. Algo que no ocurría en la anterior legislatura, ya que la mayor parte de tales competencias recaían en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

De todas formas, en la región, tal y como han confirmado a este medio, consideran que "es necesario esperar a que se publique la estructura" del departamento y a la comparecencia del propio Alejandro Vázquez en la Cortes de Castilla y León. De hecho, al no haber decreto oficial, el mapa didáctico creado por este medio considera en su creación a la Consejería de Sanidad anterior a la hora de evaluar a la región en cuanto a nivel de integración de políticas sociales en su departamento de sanitario.

Agencias de Integración Social y colaboración firme en dependencia

Fue en 2025 cuando se aprobó la Ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Cataluña, un organismo dependiente de los Departaments de Drets Socials i Inclusió y Salut, que permite unir, por primera vez, la planificación, la gobernanza y la acción conjunta de los sistemas de salud y servicios sociales. Se unifican competencias ante situaciones como la Violencia de género o la salud mental y emocional. 

Eso sí, la gestión de la dependencia es responsabilidad de Drets Socials i Inclusió, que tramita las solicitudes y el Programa Individual de Atención (PIA) a través de la Direcció General de l'Autonomía Personal y la Discapacitat.

Algo similar ocurre en Andalucía. En este caso, la encargada de gestionar la dependencia es la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; y de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Se incluye también la promoción, el desarrollo y la gestión de recursos de atención social a las personas; y la atención a las drogodependencias y adicciones. De todas maneras, Andalucía es otra de las regiones pendientes del Gobierno que decida sacar adelante, en este caso, Juan Manuel Moreno, ya que el organigrama puede cambiar por completo. 

Por su parte, la Consejería de Salud del Principado de Asturias, en su organigrama, cuenta con la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria. Competencialmente, le corresponde el desarrollo y la evaluación de las estrategias de atención sanitaria centrada en la persona y el desarrollo y la evaluación de los planes integrales y sectoriales en el ámbito de la atención sociosanitaria, teniendo en cuenta que es la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la encargada de gestionar la mayoría de políticas sociales. 

Entre las funciones de las Dirección General están el impulso de las políticas de cuidados y autocuidados de la población; y la valoración, para su reconocimiento administrativo, de la discapacidad. De hecho, esto último es lo que hace diferente a Asturias del resto de regiones. Y es que Salud se responsabiliza de la dependencia. Por eso mismo este periódico considera que las políticas sociales se han integrado en gran medida en la Consejería de Concepción Saavedra.

Dos departamentos, dos tipos de competencias

Otras comunidades autónomas prefieren diferenciar sus departamentos categóricamente. La Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia es el órgano encargado de gestionar los servicios sociales, la dependencia, la atención a mayores, la familia, la infancia, la inclusión social y las políticas de igualdad de la región. La Consellería de Sanidade abarca el ámbito clínico y sanitario, aunque lidera la coordinación sociosanitaria. 

Todas las funciones antes mencionadas están delegadas en Cantabria en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. De hecho, tiene gran importancia el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que es el principal encargado de gestionar la mayor parte de las políticas sociales del territorio, como la dependencia. Por su parte, la Consejería de Salud cuenta en su organigrama con la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria. 

Por otro lado, aunque el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Euskadi sea el encargado de dirigir los servicios sociales de los tres territorios históricos, la Dirección de Atención Sociosanitaria, dependiente de Salud, es la responsable de la coordinación entre ambos ámbitos. Entre sus funciones se encuentran la definición y despliegue del modelo de gobernanza sociosanitaria en Euskadi o la colaboración en el impulso de la equidad en la atención a las necesidades sociosanitarias, desarrollando actuaciones encaminadas a colectivos diana de atención sociosanitaria.

El Departamento de Salud, además, abarca la Dirección de Salud Pública y Adicciones y, entre sus objetivos, busca establecer y desarrollar las medidas precisas para profundizar en la atención al envejecimiento, la cronicidad y la dependencia a través de la integración asistencial entre la Atención Primaria y la Hospitalaria y el desarrollo de planes específicos.
 
También con un régimen foral diferencial, Navarra separa su Departamento de Salud y su Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Es dependiente de este último la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, que asume las competencias de coordinación y gestión de las políticas para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en Navarra, así como las competencias de coordinación y gestión de las políticas para las familias y para la promoción, atención y protección de los menores, atención a personas mayores, a las personas con discapacidad y/o enfermedad mental.

En plena estructuración, igual que los Gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, se encuentra el Ejecutivo aragonés. En su caso, el decreto que confirma las nuevas Consejerías recoge dos diferentes: el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia (dirigido por Vox) y el Departamento de Sanidad (encabezado por el PP). Adscritos al primero de ellos están el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Instituto Aragonés de la Juventud.

Algo similar ocurre en la Comunitat Valenciana, donde la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores depende de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, que, a su vez, coordina al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass). También cuenta con ciertas competencias la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad. 

Entidades adscritas y Consejerías de Bienestar Social

 
Por su parte, las responsabilidades en materia de servicios sociales, inclusión y cohesión social en la Comunidad de Madrid corresponden a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Este departamento autonómico asume la dirección y ejecución de las políticas de dependencia, discapacidad, voluntariado, inmigración y servicios sociales. Su gestión se lleva a cabo principalmente a través de entidades adscritas como la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
 
En el caso de Castilla-La Mancha es la Consejería de Bienestar Social. Aun así, la Consejería de Sanidad supervisa a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, que elabora, desarrolla, evalúa y sigue las actuaciones de humanización de la asistencia sanitaria y sociosanitaria y da asistencia administrativa y de apoyo a la gestión a la Comisión de Evaluación y Garantía de la Eutanasia, entre otras funciones. 

Las Islas Baleares y Canarias tienen sistemas parecidos. A la Consejería de Sanidad del primer archipiélago le corresponde la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos de promoción y protección de la salud y de prevención y atención sanitaria y sociosanitaria integrados o adscritos en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

De todas formas, es la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la encargada de dependencia, servicios sociales, inmigración, voluntariado, discapacidad, infancia y familias y mayores.
 
En Baleares la Conselleria de Salut asume la promoción de la salud pública, la investigación en salud, y la formación y la acreditación del personal sanitario. También se ocupa de las áreas de prestaciones, farmacia y consumo y de la promoción de la salud mental. Pero la Consellería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia gestiona las políticas sociales.