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Sanidad vigilará el uso y eficacia de las subvenciones al Plan sobre Drogas

El Congreso pide que se elabore un programa que permita controlar mejor el uso de los fondos concedidos

Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. órgano del que depende la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

17 ene 2018. 12.50H
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POR PABLO RODRÍGUEZ
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que elabore un programa para un seguimiento más efectivo de las subvenciones concedidas a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tras el informe remitido por el supremo órgano fiscalizador del Estado al Congreso de los Diputados, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

En concreto, el Congreso pide al Ministerio de Sanidad la elaboración de un plan estratégico donde se concreten “los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar con la aplicación de las subvenciones, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles de las actividades subvencionadas y sus fuentes de financiación, así como la cuantificación de los logros obtenidos”.

Asimismo, la Comisión Mixta ha instado al departamento presidido por Dolors Monserrat a elaborar otro documento, éste tras la aplicación de las acciones previstas, que permita “la comprobación de las actividades subvencionadas, la verificación con garantías de la correcta utilización de los fondos públicos y las irregularidades detectadas”.

Sanidad también tendrá que modificar las bases reguladoras y las órdenes de convocatorias de las subvenciones, con el fin de que los beneficiaros presenten, además de la reformulación económica, un documento en el que especifique las actividades que va a ejecutar y los objetivos que debe alcanzar.

Las modificaciones presupuestarias es otro de los puntos en los que inciden los parlamentarios, que piden tanto al Ministerio de Sanidad como al de Economía que agilicen la tramitación de los cambios en la asignación de los fondos para evitar que la falta de recursos económicos impida a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas hacer frente a sus obligaciones durante el primer trimestre de cada ejercicio.

Mayor información y eficiencia sobre la atribución de los bienes decomisados

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha incidido en la necesidad de mejorar el flujo de información entre los órganos judiciales y el Ministerio de Sanidad en relación a la atribución de bienes al fondo de bienes decomisados.

Del mismo modo, solicitan profundizar en la mejora del procedimiento de liquidación de los bienes del Fondo de Decomiso, para evitar de esta forma la depreciación de las posesiones aprehendidas de mayor valor y que sean suscpetibles de perderlo con mayor celeridad.

También han hecho una serie de peticiones directas a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, órgano que depende directamente del Ministerio de Sanidad. Entre ellas, destaca la solicitud para que se elabore un manual de gestión para el fondo de bienes decomisados que permita “la tramitación de los expedientes bajo criterios homogéneos” y, de este modo, se consiga una reducción de gastos y una “maximización de los beneficios de la venta de bienes” aprehendidos en operaciones contra el tráfico de estupefacientes, cuyas ganancias se destinan al plan nacional contra las drogas.

Impulso del entorno digital para optimizar la gestión de los bienes decomisados

Otra de las peticiones que los parlamentarios piden a la Delegación es la elaboración de una base de datos del inventario de bienes decomisados que refleje la situación real del fondo como “elemento básico de gestión y control”. Y recomiendan impulsar el uso de la aplicación que interrelaciona el inventario del fondo de bienes decomisado y la herramienta digital que gestionaba los procedimientos de enajenación de los objetos en él integrados.

Del mismo modo, sugieren designar a una persona que se encargue del control de los elementos almacenados en el fondo, con el objetivo de priorizar la enajenación de los bienes aprehendidos o su abandono, en función de la antigüedad de los mismos.


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