Sanidad valora si Enfermería escolar o farmacia asistencial 'entran' al SNS

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre el Anteproyecto de la Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que el Ministerio de Sanidad abrió el plazo para realizar los trámites de audiencia e información pública. Durante este tiempo, han presentado alegaciones los colectivos profesionales de enfermeros, farmacéuticos y psicólogos que han aprovechado para incluir algunas de sus reivindicaciones más habituales, desde cambios en la Cartera de Servicios Comues del SNS hasta las mejoras en los foros participativos. 

Según informa el Sindicato de Enfermería (Satse) a Redacción Médica, la organización sindical presidida por Manuel Cascos presentó el pasado 4 de diciembre distintas alegaciones al Anteproyecto de esta norma, que pretende garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población.

Entre otras, el sindicato enfermero propuso una modificación de su artículo 14, relativo a la prestación de la atención sociosanitaria, para que se incorpore al texto normativo la necesidad de contar con profesionales sanitarios, en concreto enfermeras, en los centros educativos de cara a garantizar lo que la Ley señala de propiciar la cooperación de los ámbitos sanitario, social y educativo para responder de forma integral, coordinada y eficiente a las necesidades de atención de las personas, entre ellas, los niños, niñas y jóvenes.

Promover la figura de enfermera escolar

En sus alegaciones, Satse apunta que la promoción de la salud, así como la detección, seguimiento y prevención de enfermedades y problemas de salud, son acciones “muy necesarias” para preservar y promover el bienestar de todos los niños y jóvenes en edad escolar. Por ello, considera que esta Ley puede promover la figura de la enfermera escolar de cara a desarrollar en esta materia una labor esencial, no solo asistencial sino también como gestora de casos que propicie una adecuada coordinación e interlocución con los distintos dispositivos y niveles asistenciales.

De otro lado, el Sindicato de Enfermería considera que el artículo 1 de la Ley no introduce cambios reales y efectivos en lo que respecta a la limitación de otras fórmulas de gestión sanitaria distintas a la pública. Al respecto, Satse se muestra partidario de que se mejoren y refuercen todos los recursos y medios que requiere la sanidad pública y solo en el caso de que esta no pueda dar respuesta a las necesidades asistenciales y de cuidados de la ciudadanía, se opte, de manera excepcional, por recurrir a otras fórmulas de gestión sanitaria.

Otros aspectos susceptibles de mejora de esta Ley, a juicio del sindicato enfermero, es que se promulgue que la tarjeta sanitaria individual sea única e interoperable en todo el Estado a fin de evitar los problemas que genera el que cada servicio de salud cuente aún con una tarjeta con formato y capacidades técnicas diferentes, lo que “dificulta su uso en otros servicios autonómicos de salud”.

Asimismo, la organización sindical propuso que el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuente con la presencia de las organizaciones sindicales mayoritarias en el ámbito sanitario, al ser las que “representan realmente al conjunto de profesionales”. El objetivo de la propuesta es el de poder aportar a este órgano dependiente del Consejo Interterritorial una visión profesional de todos los asuntos a abordar.

Farmacia pide hueco en la Cartera de Servicios

Otro de los colectivos que no se ha mostrado conforme con todo el contenido de la futura Ley de Equidad es el de los farmacéuticos. La profesión también ha formulado alegaciones al texto normativo de manera formal a través de su organización colegial. Entre las principales aportaciones, se ha hecho hincapié en la necesidad de integrar sus labores en la Cartera de Servicios Comunes del SNS. 

Fuentes del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos han apuntado a Redacción Médica que su objetivo con esta estrategia es reivindicar el “potencial de la profesión farmacéutica y de la farmacia comunitaria para reforzar la capacidad asistencial del Sistema Nacional de Salud”. Quieren que la ley les reconozca como un “colaborador esencial” en las labores asistenciales.

Esta reclamación va en la línea de actuación que ya han puesto sobre la mesa en los últimos meses con acciones como la presentación de su nuevo mapa de competencias. Los farmacéuticos han puesto sobre la mesa 31 labores profesionales que consideran que cumplen sus profesionales y en las que se incide en ese enfoque “asistencial”. La indicación de tratamientos o la evaluación de sus resultados son otras de las claves.

Psicología reclama un refuerzo en Atención Primaria

El Consejo General de Psicología también ha planteado varias propuestas en la ronda de alegaciones del anteproyecto de ley. La profesión ha centrado sus iniciativas sobre tres grandes pilares de actuación que recogen algunas de sus reivindicaciones históricas que también han planteado en las consultas públicas de otros proyectos legislativos.

Al igual que los farmacéuticos, han reclamado que la “inclusión de la atención a la salud mental” en la Cartera de Servicios Comunes, mientas que han incidido en la necesidad de incorporar psicólogos clínicos a las plantillas tanto de Atención Primaria como de Urgencias en todas las comunidades autónomas.

“No se puede hablar de cohesión si no se incluye a la Atención Primaria, por lo que la prestación de estos servicios se hará de forma que se garantice la continuidad asistencial desde la Primaria, como nivel básico e inicial de atención”, han apuntado a este periódico fuentes del organismo colegial.

La tercera de sus reclamaciones pasa por contar con una participación activa de los colegios profesionales tanto en el Comité Consultivo como en el Foro Abierto de Salud. En este punto, coinciden con el planteamiento expuesto por el Sindicato de Enfermería que también ha pedido que se abran estos espacios a los representantes de los trabajadores.

Con estas aportaciones, el Gobierno tiene ya sobre la mesa una batería de cambios propuestos por enfermeros, farmacéuticos y psicólogos que han planteado sus mejoras al texto. Los que no han presentado ningún tipo de alegación formal son los colectivos de médicos ni de dentistas, que sí que ven con buenos ojos todo el articulado normativo, según ha podido saber este periódico.