El
Ministerio de Sanidad plantea modificar el
Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, para
incentivar la retención de especialistas en plazas de difícil cobertura o en especialidades deficitarias, tal y como consta en los
documentos remitidos por este organismo a las comunidades autónomas en el seno de la
Comisión Delegada del Consejo Interterritorial y al que han tenido acceso
Redacción Médica.
El organismo que dirige
Dolors Montserrat quiere proponer en el próximo I
nterterritorial, que será el 24 de abril, que “en casos de necesidad”, s
e ejecute un acuerdo anual que, tras determinar las plazas de difícil cobertura,
faciliten la incorporación del personal recién titulado por un período de entre uno y dos años mediante incentivos. Uno de esos incentivos, previo acuerdo de las mesas de negociación correspondientes, sería
la preferencia en las bolsas de empleo temporal.
En base a las necesidades y la falta de facultativos en estas zonas de difícil desempeño, el documento asegura que
se deberá de añadir un artículo 11 bis al Real Decreto 1146/2006 para que, una vez finalizada la ejecución de su trabajo durante “uno o dos años” en estas zonas de difícil desempeño,
los MIR puedan obtener ‘privilegios’ como un “cómputo bonificado para el acceso al primer nivel de carrera profesional”.
Junto con esta 'recompensa' Sanidad también plantea que se ofrezca a estos MIR un cómputo bonificado del tiempo de servicio prestado,
la preferencia en el acceso a becas o proyectos de investigación sanitaria y la preferencia, previo acuerdo de las mesas de negociación correspondientes, en el a
cceso a puestos de su categoría, en las bolsas de empleo temporal.
Sin conseso sobre la obligatoriedad
El documento recoge que,
pese a que todas las comunidades apuestan por la necesidad de impulsar la presencia de los MIR en las zonas rurales, no ha existido “consenso sobre si debe hacerse de carácter voluntario u obligatorio”.
Las ventajas en las que sí coinciden los líderes autonómicos son el
incentivar al trabajador con retribuciones positivas de tipo económico gracias a la regulación de algún complemento especial. En el caso de plazas de Atención Primaria, en determinadas autonomías apuestan pro contemplar un grado más de dispersión, considerar ayudas de desplazamiento o alojamiento.
Extracomunitarios, fechas de OPEs y acabar con la reespecialización
Ademas, para paliar las necesidad de médicos extracomunitarios,
el Estado también quiere facilitar las prácticas profesionales en el procedimiento de reconocimiento de títulos de especialista extracomunitarios. De esta forma, el Ministerio de Sanidad se quiere comprometer a dotarse de los “medios necesarios", previstos en un plan puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, que permitan reducir los plazos en la tramitación y resolución de los expedientes de reconocimiento.
Este mismo documento, t
ambién avanza en el próximo calendario, de cara al 2019 de las OPEs extraordinarias de estabilización del empleo. Entre las fechas remarcadas en el documento se observa, el 3 de febrero para la especialidad de Matrona; 17 de febrero, Fisioterapeuta; 10 de marzo, celador; 7 de abril, auxiliar administrativo; 28 de abril, auxiliar de enfermería; y 12 de mayo, Enfermería.
Entre sus objetivos para antes de terminar el año, el Ministerio también se plantea la necesidad de realizar un nuevo estudio de necesidades de especialistas a finales de 2018 e impulsar una norma que flexibilice y agilice el procedimiento de acreditación de Unidades docentes para la FSE.
Criterios más rigidos en la normativa de incompatibilidades
Entre las 13 medidas del Ministerio paliar los déficits de especialistas en el SNS, el Ejecutivo también está
abierto a la posibilidad de que se apliquen “criterios más rígidos en la normativa de incompatibilidades del personal médico al servicio de los centros e instituciones sanitarias del SNS”.
En materia de recirculación o reespecialización, CCAA como Cataluña, Canarias o Extremadura proponen penalizar la recirculación si no se ha finalizado la especialidad y limitar a un máximo de 2 las especialidades,
al objeto de evitar residentes “permanentes”. Además, desde el Ministerio se propone buscar medidas que penalicen la formación por residencia financiadas por el SNS si no se garantiza a la
finalización la prestación de servicios en el sector público durante un período de tiempo que podría ser de un mínimo de 5 años, 2 o 3 de los cuales deberían ser en zonas o centros de difícil cobertura.
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