David García. Madrid
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha adelantado en el Congreso de los Diputados que el caso de la talidomida será motivo de discusión en el próximo Consejo Territorial de la Dependencia, que se celebrará el próximo 7 de octubre, y en el que el titular del departamento pretende hacer frente común con las CCAA.
“Creo que también es importante que reforcemos la colaboración y la participación de las Comunidades Autónomas porque son administraciones competentes en atención sanitaria y en la valoración de la discapacidad y creo que puede ser un asunto que puede ser abordado también la semana que viene en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia”, ha avanzado Alonso, que ha explicado también que su objetivo con ello es el de “ver qué actuaciones podemos coordinar entre el Ministerio de Sanidad y el resto de las CCAA a la hora de mejorar la atención y las prestaciones que se proporcionan a las víctimas de la talidomida en nuestro país”.
El ministro se expresaba en estos términos durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados como consecuencia de una interpelación urgente presentada por CiU “sobre la política del Gobierno ante las injusticias de la Justicia, particularizado en el caso de la talidomida”.
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Alfonso Alonso, ministro de Sanidad.
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Mientras, desde el Ministerio, y según ha podido saber Redacción Médica, se indica que el orden del día del Consejo Territorial ya está cerrado y que por tanto el asunto se llevaría a 'ruegos y preguntas'. Las mismas fuentes avanzan que "Sanidad valorará qué vías sanitarias existen para ayudar a las víctimas", y explican que no necesariamente tienen que ser ayudas económicas, aunque no se descartan.
Esas ayudas estarían, explican, en función del grado de dependencia o de discapacidad que tenga cada víctima.
El debate parlamentario
La diputada Lourdes Ciuró ha sido la encargada de defender la interpelación de un tema que, según ha dicho, es “injusto” y en el que, según entienden, “el Estado español no ha estado a la altura ya que ha desamparado completamente a las víctimas”.
Ciuró ha denunciado que alrededor de 500 personas están afectadas hoy en día por la talidomida en toda España “sin ningún reconocimiento por parte del Estado” y que “el protocolo está cerrado”, lo que significa, según ha explicado, que alguien que sospeche que pueda estar afectado (porque su madre haya ingerido el medicamento en su día) no pueda reclamar reconocimiento alguno.
“Estamos aquí para exigir responsabilidades a las autoridades sanitarias, al Gobierno de España”, ha dicho la diputada de CiU. “El Estado no puede seguir desentendiéndose de estos errores”, ha precisado también, y ha pedido por ello “un reconocimiento” a las víctimas y que “el próximo Gobierno abra la carpeta de la talidomida”.
Por último ha urgido al ministro a no tener que presentar la moción consecuencia de de esta interpelación y que acepte su “mano tendida” a un compromiso que vaya, según ha dicho, más allá de reuniones con las víctimas.
Por su parte, Alonso ha comenzado su intervención calificando de “grave desastre” y de “indignidad para el mundo” lo ocurrido con la administración de talidomida a mujeres embarazadas pero que según sus palabras “tendría que asumir directamente la empresa Grünenthal, que no advirtió de los efectos secundarios que la administración del medicamento podría provocar” pero también ha culpado a las administraciones públicas de entonces “por no saber identificar los efectos adversos” y les ha acusado de “actuar tarde”.
Alonso ha reiterado que en su ministerio “siguen a disposición” de las víctimas y se ha comprometido a trabajar por mejorar sus condiciones y ha reconocido que las víctimas no han recibido compensación alguna y cree que existe una “grave discriminación” por ello, ya que víctimas de otros países sí han sido compensadas y han llegado a acuerdos con los laboratorios.
Para finalizar, el ministro ha mostrado su compromiso. “Tenga la seguridad, señora Ciuró, de que el Gobierno va a seguir actuando para ayudar en ese camino que ya dura demasiado tiempo y que estamos abiertos a cuantas acciones puedan ayudar a que esa empresa asuma sus responsabilidades y que por tanto puedan encontrar una vía judicial que reconozca sus derechos”, ha dicho.
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