David García. Madrid
El secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha adelantado en la Comisión de Presupuestos que este viernes se ha celebrado en el Senado que su Ministerio va a aumentar la partida que en un principio tenía presupuestada para los refugiados y que era de 1,75 millones de euros.
Rubén Moreno durante su comparecencia en el Senado.
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Moreno ha avanzado que se trata de una partida que “obviamente tendrá que ser aumentada por el nuevo escenario al que nos enfrentamos”. Eso sí, no ha detallado en qué medida será incrementada.
El anuncio de Rubén Moreno ha sido confirmado después, en el turno de portavoces, por Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del PP en el Senado.
Durante su intervención, Moreno ha destacado como novedades la inclusión de una partida para el acceso a la formación sanitaria especializada, los 242 millones de euros que se destinan a la Cartera de Servicios (la Dirección que más crece), los 500.000 euros que por primera vez se destinan a Sanidad Exterior, y el crecimiento presupuestario del Ingesa para el que se destinan 8,64 millones de euros más que el año pasado, “el mayor incremento de su historia”, según Rubén Moreno.
Reproches de la oposición por el Fondo de Cohesión
En el turno de portavoces, María Jesús Sequera, del Grupo de la Entesa, se ha mostrado “muy en desacuerdo” con estos presupuestos y le ha reprochado a Rubén Moreno que “sus recortes van más allá”, aludiendo a temas como la sanidad universal o el Fondo de Cohesión, para terminar afirmando que “los presupuestos atentan contra la sanidad española”.
Por su parte, la socialista Encarnación Llinares también ha aludido al Fondo de Cohesión del que Rubén Moreno ha explicado que su disminución “ha estado mal entendida” y ha explicado que su partida es ahora extrapresupuestaria.
En este punto, Moreno ha animado a las CCAA a que facturen la atención de turistas y habitantes de otras regiones, aunque ha admitido que hay problemas en la compensación con algunas comunidades, como con País Vasco, que emite muchos ciudadanos al resto de España y de Europa pero que recibe muy pocos por lo que está descompensado, y además, ha revelado, debe por ejemplo a La Rioja 11 millones de euros “que tiene que pagar”.
Llinares le ha exigido a Moreno que la partida destinada al Fondo de Cohesión sea presupuestaria y además, le ha recriminado que las cuentas de Sanidad, según se indica en el propio documento de los PGE, tienen como objetivo consolidar el RD 16/2012 y el Plan de Ajuste que se envió en su día a Bruselas, lo que para ella supone “recortes, copagos y exclusión sanitaria”.
La senadora socialista ha criticado la cantidad destinada a las diferentes estrategias puestas en marcha por el Ministerio como las de salud mental, cronicidad, cuidados paliativos o seguridad del paciente.
Por último ha adelantado que presentarán dos enmiendas relativas al Fondo de Cohesión Sanitaria y a la derogación del RD 16/2012.
Inmigrantes
En cuanto a la atención a inmigrantes, Rubén Moreno, ha pedido a las comunidades autónomas que ofrezcan atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular "con o sin acuerdo" a la hora de fijar unos criterios comunes para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Aconsejamos a las comunidades que, con o sin acuerdo, con independencia de que unos digan, esas normas o guías básicas puedan adaptarse para que el inmigrante irregular tenga la asistencia sanitaria", ha defendido en el Senado.
En declaraciones a los medios, Moreno ha explicado que esta semana acabó el plazo de quince días que dieron a los gobiernos autonómicos para presentar alegaciones al documento de mínimos que planteó el Ministerio para armonizar la atención de este colectivo.
Tanto la Comunidad de Madrid como Murcia, ha reconocido, han propuesto bajar de seis a tres meses el periodo de empadronamiento mínimo fijado para que estos inmigrantes pudieran ser atendidos en los centros de salud y, en caso de que el médico de familia lo viera necesario, por el médico especialista.
En cualquier caso, ha aclarado Moreno, la propuesta "no era propia del Ministerio" sino que se basaba en lo que las comunidades iban planteando.
"Son propuestas que hacen las comunidades y que tenemos que hacer de forma armonizada, no es una imposición del ministerio", ha reconocido el 'número dos' de Sanidad, ya que los gobiernos autonómicos son quienes tienen la competencia y "las que tienen que decidir".
Además, confía en que se opte por un programa social y sanitario que se diferencia del sistema de Seguridad Social de modo que no haya "problemas con los pacientes europeos que tienen también sus derechos".
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