El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la
Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión con la que se bloquea la introducción de nuevos copagos sanitarios y se sitúa la gestión pública sanitaria como "preferente".
Para ello se han modificado las leyes 14/86, 16/2003 y el Real Decreto 16/2012, de manera que la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante
"gestión directa y de carácter público", en un intento de "fortalecer" el Sistema Nacional de Salud.
Se exige, por tanto, que el resto de fórmulas de gestión cuenten con una memoria que justifique "desde el punto de vista sanitario, económico y social" la necesidad de "tener que acudir a ellas", siempre con la "utilización óptima de sus servicios sanitarios".
Con su entrada en vigor, una vez tramitados los trámites parlamentarios, se derogará la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, dicha norma establecía que la gestión de los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios pudiera llevarse a cabo "directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública" y con ayuda de medios externos, como por ejemplo, a través de convenios o contratos con "personas o
entidades públicas o privadas".
Uno de los principales objetivos de la norma, tal y como explicaba la ministra Carolina Darias, es "minorar las desigualdades" con respecto a los colectivos más vulnerables, mediante el
"blindaje" a la introducción de nuevos copagos sanitarios en las carteras dietoterápicas y ortoprotésica.
Esto será posible al unificarlas en una cartera común de servicios únicos, junto a la básica de servicios asistenciales, la complementaria, la de transporte urgente y la de servicios accesorios "aún por desarollar". Al igual que se hizo previamente con la eliminación del copago farmacéutico para personas con Ingreso Mínimo Vital, pensionistas o menores con discapacidad, esta ley amplía la exención de dicho sistema en el caso de los tratamientos ortoprotésicos.
Acceso sanitario homogéneo a personas inmigrantes
Con este texto, Sanidad pretende de igual modo homogeneizar el acceso de personas inmigrantes "no autorizadas como residentes" al sistema público de salud en toda España, así como ampliar la protección de salud pública a los españoles no residentes durante sus desplazamientos temporales a territorio nacional y a sus familiares.
La ley avanzará igualmente hacia la incorporación de los pacientes en los órganos de asesoramiento del Consejo Interterritorial a través del Comité Consultivo del CISNS haciendo así "efectiva la participación social en el SNS". Incluye asimismo un componente específico destinado a la prestación especializada en la rehabilitación de pacientes con déficit funcional, como aquellos que padecen ELA, de cara a facilitar su autonomía y ofrecerles apoyo" de por vida".
Darias también ha destacado el desarrollo de un fondo de garantía salarial como parte de la equidad que busca la nueva legislación y la elaboración de herramientas que permitan a la Red de Agencias de Evaluación de tecnologías sanitarias "organizarse en torno a un consorcio y participar en proyectos europeos".
La ministra concibe esta ley como "un gran paso para mejorar la calidad de vida de los pacientes", ampliando a su vez el derechos de la ciudadanía. Se trata además de
"una ley de todo el Gobierno" que cuenta con el apoyo de "todos los ministerios" y que espera salir adelante en los próximos meses, de acuerdo con los plazos de tramitación.
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