Aunque necesarias, las
subvenciones públicas no están exentas de riesgo. En España, la probabilidad de que se cometa fraude en estas concesiones es aproximadamente del 4 por ciento, siendo Sanidad uno de los sectores con más riesgo.
De las 1.050.470 ayudas analizadas en el informe '
La lucha contra el fraude en las subvenciones públicas de España', no había previsión de sufrir estafa en más de un millón mientras que 42.152 sí presentaban algún tipo de peligro.
El informe, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (
OECD), señala a los servicios sociales y la cooperación internacional para el desarrollo y la cultura como los
fines públicos con mayores posibilidades de cometer algún tipo de engaño en su financiación pública. Aún así, ambas categorías no son las más frecuentess en las concesiones, a diferencia de la agricutura, que presenta el porcentaje de riesgo más bajo.
Más riesgo de sanción en subvenciones a CCAA
Inmediatamente después, en tercer lugar, se sitúa la
sanidad, con un riesgo alto de mala utilización de fondos públicos, por encima de la
Educación o el desempleo.
Atendiendo a la naturaleza jurídica del beneficiario, las
asociaciones fueron el organismo que más opciones de sancion reflejó según este modelo. También son propensos a sufrir mayores riesgos los órganos de la administración estatal, las
comunidades autónomas y los organismos públicos. Según los datos recopilados, estas dos útlimas "muestran una gran probabilidad de ser sancionadas".
El modelo de riesgo basado en datos que utiliza la OECD estima que "la inmensa mayoría de las concesiones no presentan riesgos". Aún así, entre las que presentan cierto peligro, se han sancionado 1.031 concesiones.
Durante el análisis, se ha tenido en cuenta la distribución del número de ayudas recibidas por un mismo beneficiario en relación con su
probabilidad de sanción. Curiosamente, el modelo predice "una alta probabilidad de sanción para entidades receptoras grandes y pequeñas". A partir de 50 concesiones, la probabilidad aumenta a casi el 100 por cien, con una disminución a alrededor del 50 por ciento cuando el número supera las 150 concesiones.
Esto podría explicarse, según el organismo, "por la fiabilidad de beneficiarios": si se demuestra que estas organizaciones son
fiables durante largo tiempo reciben más concesiones. Mientras que para las primeras 50 concesiones, se lleva a cabo un proceso de evaluación. También es concebible que después de un umbral determinado de 50 concesiones por beneficiario, las investigaciones se lleven a cabo con mayor frecuencia y, por tanto, es más probable que aparezcan concesiones potencialmente sancionadas.
El informe también señala una relación directa entre el
importe total de las concesiones recibidas y la probabilidad de sanciones. En concreto, se refleja un crecimiento sostenido de las probabilidades de sanción a partir de 90.000 euros. Además, hasta los 110.000 euros, no todas las concesiones presentan riesgos.
Por último, para el importe total máximo de las concesiones observadas (140.000 euros), la probabilidad de sanciones se distribuye uniformemente entre 0,05 y 0,76. Esto es muy similar a lo que se observó en la distribución del número de concesiones: el número más alto se asocia a una
distribución uniforme de los riesgos.
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