El Ministerio de Sanidad ha decidido ampararse en la Constitución para aclarar que
ni la Formación Sanitaria Especializada ni la política farmacéutica pueden transferirse a Cataluña en una hipotética negociación entre la comunidad autónoma y el Estado.
“Este Ministerio, en el ámbito de sus relaciones con las distintas autonomías,
se ajusta al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución, y, más concretamente, en su artículo 149”, señalan fuentes ministeriales a Redacción Médica. Este, en su punto uno, apartado 16, aclara que al Estado le competen: "Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre
productos farmacéuticos".
Del mismo modo, en el apartado 30, dice: "Regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia". Es por ello que la institución ministerial precisa que no se ha producido
ninguna reunión en este sentido.
La semana pasada, Pedro Sánchez planteó la posibilidad de que Cataluña organizara un referéndum no de autodeterminación
pero sí de autogobierno. En este sentido, el PSC esbozó en 2017 una batería de competencias que, llegado el caso, podrían ser negociadas para que Cataluña tomara el control. En aquel documento, bautizado como la
‘Declaración de Barcelona’, se incluía la Formación Sanitaria Especializada y, por tanto, la gestión del
MIR.
Esto supondría que Cataluña tendría potestad para decidir el
número de plazas MIR, la distribución de estas por especialidades, las unidades docentes, el temario, la estructura de examen o la fecha del mismo.
La Agencia Catalana del Medicamento: un fracaso
La política farmacéutica sería el otro gran pilar sanitario que todavía no está transferido a Cataluña sino que es gestionado por el Ministerio de Sanidad, a través de organismos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (
Aemps).
En la pasada legislatura, la Consejería de Salud, entonces dirigida por el huido de la justicia española Antoni
Comín, ya planteó
la creación de la Agencia Catalana del Medicamento. Una medida que no se llegó a poner en marcha por la suspensión del Govern tras la aplicación del artículo 155.
Sin la creación de un organismo como el mencionado, la Generalitat catalana sí podría haber puesto sobre la mesa que le transfirieran competencias en Farmacia. De conseguirlo, Cataluña
controlaría la evaluación y autorización de medicamentos de uso humano y veterinario, así como la autorización de ensayos clínicos, el suministro de fármacos, la lucha contra falsificaciones y la elaboración de la normativa farmacéutica.
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