La
ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, ha anunciado este jueves, durante su comparecencia previa al
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, su intención de repartir, mediante la tasa europea
Arope, los
11 millones de euros extra que el Gobierno ha recaudado gracias a la casilla del
0,7% del IRPF para Fines Sociales entre los que se encuentran las
ayudas a la dependencia.
“Es un reparto objetivo, más trasparente y más equitativo”, ha manifestado la ministra minutos antes de comenzar el Consejo Territorial en el que algunos consejeros autonómicos van a solicitarle un
monográfico de dependencia.
Según ha explicado Montón, los 11 millones de euros extra que se han añadido a la partida presupuestaria destinada a Bienestar Social proveniente del
0.7% del IRPF y se van a repartir con este indicador que
medirá el riesgo de pobreza y/o exclusión social de cada CCAA. Aun así, hay que recordar que esta partida se añadirá a la
ya adjudicada dentro de la Ley de Presupuestos Generales para cada CCAA y que su distribución será de a un 80-20 para autonomías y Gobierno nacional, quedando su distribución final con
10 millones para las CCAA (que se distribuirán mediante esta tasa Arope)
y
un millón de euros para el Ejecutivo Central.
Además de consolidar la propuesta para este 2018, fuentes del ministerio de Sanidad ha anunciado que
van a convocar una mesa de trabajo para modificar los actuales criterios de reparto de las ayudas para servicios sociales de cada CCAA y hacerlas más “justas”. De esta forma, el Ministerio pretende solventar las
discrepancias que existían entre comunidades autónomas a la hora de establecerse los criterios para el reparto de las s
ubvenciones relativas al Bienestar Social.
“Llevamos 48 días en el Gobierno y hemos empezado a trabajar con toda la celeridad y la contundencia posible”, ha adelantado Carmen Montón asegurando que
no desbloquear el reparto del 7% del IRPF “sería un grave prejuicio para la acción que realiza el tercer sector que son fundamentales en la lucha contra la desigualdad”.
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Consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Lola Moreno
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El “no” de Madrid
La
consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Lola Moreno, ha adelantado que su comunidad autónoma
va a votar en contra de esta propuesta de la ministra Montón puesto que la división mediante criterios Arope les deja fuera de la partida extra.
“Votamos en contra porque
se ha incumplido un acuerdo que ya fue aprobado y que repartía a la CCAA de Madrid y al tercer sector de la comunidad una cuantía de 1,3 millones de euros que ahora se incumple con los nuevos criterios de reparto Arope”, ha introducido la consejera que ha criticado que
estos millones extra se dividirán entre ocho comunidades autónomas y “nueve de esos diez millones que se van a repartir han ido a CCAA del PSOE”.
Abstención de Castilla y León y Galicia
Por su parte, Castilla y León y Galicia han anunciado que se van a abstener en la votación. La consejera castellanoleonesa,
Alicia García Rodríguez, ha denunciado que un 50% por ciento del total de estos once millones va a
dos comunidades autónomas (Andalucía y Comunidad Valenciana) “y una de ellas, la
comunidad valenciana, se lleva un tercio de todo el incremento”.
“Negar el incremento del IRPF a siete CCAA y a las dos ciudades autónomas también
hace que se lo niegues a todas las asociaciones del tercer sector y a un importante número de personas vulnerables. No perderemos respecto a 2017 pero el incremento que teníamos acordado no va a llegar a nuestras entidades y personas vulnerables”, ha asegurado.
Más dinero para pobreza infantil y con monográfico de dependencia
Los consejeros de
Bienestar Social de Extremadura y Castilla-La Mancha,
José María Vergeles y Aurelia Sánchez, respectivamente, han coincidido en su intención de solicitar a la ministra un
monográfico de dependencia durante el apartado de ruegos y preguntas del Consejo Territorial.
A este respeto, el consejero castellanoleonés ha lamentado que con la crisis la
Ley de la Dependencia se ha dejado “completamente estrangulada y está en la UCI”, una situación de la que, a su juicio, hay que “sacarla” rápidamente para cubrir las necesidades “cada vez más crecientes” que tienen las personas en situación de dependencia.
Vergeles ha manifestado que “
espera” que el Ministerio incremente las partidas de la pobreza infantil, algo en lo que también ha coincidido Aurelia Sánchez. En el caso de la consejera castellanomanchega, Sánchez ha asegurado que espera “buenas noticias en el reparto de la política social de base que va a las personas más vulnerables”.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales va a tratar el reparto de fondo económicos que tienen que ver con las personas en situación de dificultad, bien pro razones étnicas o por razones de pobreza infantil y, por otro lado, el reparto del
0,7% del IRPF para el que la ministra ha hecho una propuesta en firme sobre la nueva distribución de su reparto.
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