A pesar de que todavía no se ha desvelado la identidad del futuro ministro o ministra de Sanidad
(aunque las quinielas apuntan a Rafael Bengoa y Carmen Montón) del nuevo gobierno socialista, ya se puede afirmar que una
política relacionada con la sanidad estará en el gobierno de
Pedro Sánchez. Se trata de
María Jesús Montero, la creadora de las subastas de medicamentos en Andalucía, que será la
ministra de Hacienda.
Así lo han indicado fuentes socialistas sobre la todavía consejera de Hacienda andaluza, que fue titular de Salud de la región de mayo de 2004 a septiembre de 2013, un prolongado periodo que coronó con los
polémicos concursos regionales de medicamentos de dispensación en farmacias.
Las
subastas surgieron como una medida necesaria para recortar el
gasto farmacéutico en lo más duro de la crisis financiera, pero lo cierto es que al final han permanecido en el tiempo. A pesar de las protestas que concitó la medida entre el sector farmacéutico (tanto en farmacias como entre la industria del medicamento), la justicia siempre la ha refrendado. De hecho, el Tribunal Constitucional la ha avalado hasta tres veces.
El nombramiento de Montero como nueva responsable de la Hacienda española puede dar una pista de hacia dónde va a ir la
política farmacéutica española y del PSOE a partir de ahora. De hecho, la formación política, en los últimos años, ha defendido la expansión de las subastas de medicamentos andaluzas al resto del Estado, argumentando que esta iniciativa va a mantener la calidad, eficacia y seguridad de los tratamientos con mayor eficiencia presupuestaria.
Equivalentes
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y técnico de Función Administrativa de hospitales, durante su periodo al frente de la sanidad andaluza Montero también puso en marcha un
concurso de medicamentos equivalentes terapéuticos en los hospitales.
Aunque finalmente este peculiar acuerdo marco no se llevaría a cabo, motivó que el Congreso de los Diputados materializara
una reforma de la Ley del Medicamento para que solo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tuviera la competencia para decir cuándo un producto farmacéutico se puede considerar una alternativa terapéutica equivalente.
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